Dado el perfil de la próxima legislatura, compuesta mayoritariamente por seguidores del Presidente de la República, la elecIIDC-ción de magistrados de la CSJ que haga nos mostrará, en mucho, cuál será el papel de la Asamblea Legislativa en el trienio 2021-2024, esto es, si efectivamente será un poder del Estado o si, como se ha anunciado por el mismo partido oficialista, será un mero apéndice del Órgano Ejecutivo.
En efecto, tocará a la legislatura 2021-2024 decidir si elige como magistrados a juristas que efectivamente cumplan con el perfil de magistrado de la CSJ, incluyendo -por supuesto- capacidad técnica, valentía, independencia e imparcialidad, o si, por el contrario, elegirá a abogados despersonalizados que se dedicarán a seguir las instrucciones enviadas desde Casa Presidencial (CAPRES).
Al respecto, la experiencia regional ha sido francamente desastrosa, ya que cuando el Presidente de la República logra obtener el beneplácito popular para controlar al Órgano Legislativo, el próximo objetivo es la cooptación de la justicia. Así ha sucedido, tristemente, al menos, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en Honduras.
Para citar el caso quizá más patético, en Venezuela, el desmantelamiento de la institucionalidad democrática inició con una serie de argucias -entre ellas, la declaratoria de una emergencia judicial, la reorganización del poder judicial- destinadas a la toma de control de la justicia, al grado que se produjo, por un lado, una purga y una persecución de jueces, fiscales y defensores públicos y, por otro lado, el nombramiento de magistrados sumisos al Poder Ejecutivo, al extremo que la misma Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (SCn/TSJ) eximió a los nuevos magistrados de cumplir con los requisitos constitucionales y legales. Lo irónico es que los magistrados venales que permitieron semejante atropello a la justicia luego fueron expulsados del TSJ, perseguidos e, incluso, exiliados. Y es que la historia enseña que “Roma no paga a traidores”, en el sentido que la deslealtad no es recompensada ni por aquellos que la fomentan, pues saben que los felones cambian de bando al mejor postor.
Más cercano geográficamente, pero casi igual de lastimoso, es el caso de la justicia en Nicaragua, en la que magistrados y jueces son abiertamente afiliados políticos del Presidente, al grado que las sedes y despachos judiciales están adornados con banderas sandinistas.
Frente a tan deplorables experiencias, debemos recordar: para la real vigencia de los derechos de las personas es indispensable que magistrados y jueces sean independientes e imparciales, ya que esa es la única vía para posibilitar que las decisiones judiciales que se adopten se ajusten a la Constitución y a la ley, evitando arbitrariedades y discriminaciones y, de esa forma, impedir la violación de los derechos de las personas.
Por ello, es importante que, a pesar de que el oficialismo cuente con mayoría calificada en sede legislativa a partir del 1 de mayo de 2021 y que, entonces, tendrá mayor margen de acción para decidir la elección de magistrados, es vital que los ciudadanos, la academia y las organizaciones de la sociedad civil debemos insistir y reclamar -posiblemente con mayor ahínco- que se elijan magistrados de la CSJ que sean capaces, probos, imparciales e independientes, llegando incluso a denunciar a candidatos que no cumplen con el perfil para ocupar una magistratura de la CSJ.
Así, por ejemplo, debería existir oposición ciudadana a la elección como magistrados de aquellos candidatos que actualmente ocupan cargos en el Órgano Ejecutivo, de aquellos candidatos que avergüenzan a la profesión jurídica regalando baratijas -lo que he llamado “el kit de la vergüenza”- para obtener votos en la elección que realizaron los abogados, de aquellos candidatos que se están reuniendo con funcionarios del Órgano Ejecutivo
Así que, con esa primera elección de segundo grado que hará la próxima legislatura conoceremos si la población eligió diputados o si, por el contrario, seleccionó a simples zalameros del Presidente.