Los fiscales están haciendo un trabajo en base a las funciones constitucionales establecidas, bajo una orden de un juez están recolectando información derivada de las compras hechas durante la pandemia en base a irregularidades detectadas por auditorías hechas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
El propio presidente Bukele dijo desde el inicio de la emergencia que no iba a permitir irregularidades ni corrupción en las compras de pandemia. De manera que debería ser el primer y principal interesado en que estas situaciones se aclaren.
En un Estado de Derecho, la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil claramente deben obedecer las órdenes judiciales para hacer cumplir las investigaciones de la Fiscalía y la persecución del delito. Ninguna de esas instituciones deben ser deliberantes hacia órdenes expresas definidas constitucionalmente. Así que el comportamiento de la PNC es deplorable.
Para todos los salvadoreños es fundamental que se cumpla la ley, que se actúe con transparencia y rectitud en el uso de fondos públicos para evitar los lamentables actos de corrupción que se repitieron durante décadas en gobiernos anteriores y que han llevado al procesamiento judicial de varios expresidentes. Eso es lo que debemos evitar y la Fiscalía está haciendo su trabajo como corresponde.