El gobierno de México ha sido incansable en el impulso del plan: el 20 de mayo recién pasado, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, presentó el Plan en el Palacio Nacional de la Ciudad de México: la meta es a través de la inversión en proyectos de infraestructura básica, resolver el problema migratorio, para lo cual el desarrollo económico se coloca como parte de la solución.
El Secretario de Relaciones Exteriores mexicano presentó a la Casa Blanca el plan y quería hacerlo ante el Secretario de Estado de los Estados Unidos, pero Mike Pompeo, se fue con Donald Trump a Japón y el Canciller fue recibido por el subsecretario de Estado, John Sullivan. Ebrard declaró, al final de la reunión, que el Departamento de Estado recibió con interés el plan, pero la realidad es que se desconoce si Estados Unidos apoyará los proyectos presentados. La esperanza mexicana es que a Trump le den la información que dio Ebrard y se pueda apoyar lo que México le presentó.
La historia reciente de la promoción del plan termina en Alemania: La diplomacia mexicana está activa en Berlín donde en el marco de Conferencia de Ministros para América Latina Ebrard presentará el Programa de Desarrollo Integral al ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas. Ojalá tenga una respuesta favorable, que se traduzca en apoyo financiero.
El Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México se basa en cuatro aspectos: a) desarrollo económico; b) bienestar social; c) sostenibilidad ambiental y d) gestión del ciclo migratorio.
Los contenidos van de la cooperación económica al comercio, remesas, educación, y otros temas vinculados al desarrollo regional, donde se anuncia que se invertirán grandes recursos económicos en una terminal de gas natural, interconexión del sistema eléctrico entre México y Centroamérica; mejoramiento de infraestructura fronteriza; conectividad ferroviaria y la construcción de un gasoducto para interconectar al país con Centroamérica.
En lo que tiene que ver específicamente con nuestro país la conectividad ferroviaria del Plan propone construir 710 km de línea férrea que irían desde Ciudad Hidalgo, Chiapas, México hasta el Puerto de La Libertad en El Salvador. con 225 km de ramales ferroviarios que conectan ciudades de Guatemala, Honduras y El Salvador con este eje.
Al analizar el plan mexicano es imposible no recordar la “Iniciativa Alianza para la Prosperidad” que en julio 2014 propuso Barack Obama y que de manera irregular ha querido darle continuidad la administración Trump. Originalmente, cuando fue aprobada la iniciativa por Obama, el plan preveía una asistencia de 1,000 millones de dólares, durante cinco años, a distribuirse equitativamente entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero el Congreso estadounidense solo aprobó durante la administración demócrata 750 millones de los 1,000 solicitados y Trump en 2018 la redujo a 460 millones de dólares.
Ojalá que el Plan de Andrés Manuel López Obrador tenga éxito, aunque en el tema del financiamiento la cuestión no está clara: pues el plan contempla inversiones por 30 mil millones de dólares y se espera que Washington aporte 10 mil millones.
Pero más allá de la dificultad para conseguir el dinero, están las personas: los migrantes y no está definido todavía qué papel se les atribuirá a las comunidades migrantes en el diseño, gestión y operación del proyecto.
Están por definirse los términos de participación de la diáspora en los Estados Unidos, es decir, se tiene que establecer ¿en qué momento se le dará la palabra a los propios migrantes para que opinen sobre este proyecto? No sería aceptable que éste sea un plan con proyectos migratorios sin participación de los migrantes. Otra cuestión que no está clara es el papel que asumirán las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo del Plan.
Esperemos que con el nuevo gobierno en El Salvador se den las condiciones para integrar a El Salvador activamente al debate sobre el plan y a los millones de compatriotas que viven en los Estados Unidos y se establezcan las áreas de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el Plan más allá de aportar en las situaciones de emergencia.