El autor constante brinda herramientas para cuestionar la efectividad de quienes intentan gobernar desde las redes sociales, que sin discutir el impacto difusor del recurso mediático, considera insustituible el papel del diálogo intersectorial y político para el abordaje integral de los grandes temas del país.
En la última semana vivimos en El Salvador una amplia movilización social y política para detener los voraces intentos conservadores que buscan la privatización del agua; un nuevo intento que se enfrenta a la creciente defensa ciudadana de este recurso como bien público y derecho humano. Y es que el inútil disfraz de “únicamente pretender administrar el recurso hídrico”, choca con la experiencia nacional de los vividos procesos de privatización que al igual que ahora “solo querían administrar el sistema de pensiones”, o con el “proceso de integración monetaria” que terminó dolarizándonos. Por lo tanto, la población ya ha recorrido más de una vez estos caminos.
Ante esta legítima lucha, la efímera ambigüedad centrista del discurso político de campaña del gobernante electo se hizo presente nuevamente desnudando su esencia cómoda y conservadora acorde con sus viejas y nuevas alianzas políticas, pues más allá de los “combativos tuits” emitidos en alta gama y desde el mullido sofá no hemos visto -como fue ofrecido- a ninguno de sus dirigentes marchando junto al pueblo contra la privatización del agua.
Además, es evidente la contradicción entre el discurso decidido del candidato en campaña a favor de aumentar el Fodes y la férrea crítica del electo a la decisión legislativa tomada, un desafío impuesto por los ediles y sus concejos municipales en su larga batalla por alcanzar el ansiado 10 % para el desarrollo municipalista. Es claro lo complejo que puede tornarse esta decisión a la luz de las dificultades crónicas de las finanzas públicas por lo que considero debió tener la opinión previa del Ministerio de Hacienda.
No obstante, los alcaldes provenientes de todas las banderas políticas supieron distinguir las debilidades de la transición, en la que el futuro gobernante no alcanza acuerdos para nombrar su equipo de transición, generando vacíos de interlocución que son inmediatamente aprovechados por la demanda de distintos sectores que sí tienen muy claros sus intereses.
Las incongruencias no se quedan ahí. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, y principalmente durante los gobiernos del Frente, se ha defendido el irrestricto derecho de libre expresión y movilización social en toda protesta pública debidamente enmarcada en la ley; por lo que sorprendió el desaguisado del próximo gobernante que, fuera de cualquier atribución en su estatus constitucional presente o futuro, se extralimitó al ordenar a las jefaturas de la PNC la liberación a dos personas detenidas en apego a ley y procedimientos, presuntamente implicadas en desórdenes públicos y daño a la propiedad, con el agravante que uno de los detenidos está presuntamente vinculado a su propio partido político. Este hecho podría ser una señal de posibles futuros abusos de poder, ojalá por el bien del país esté equivocado y no haya sido más que un arranque de inmadurez y falta de información.
En la medida que el próximo gobierno muestre incapacidad para asumir y administrar lo que le corresponde de la transición, mantenga el rumbo errático mediáticamente conservador o falsamente progresista, serán más visibles las demandas de la amplia gama de sectores organizados.
Esta vez han sido los sectores que adversan la privatización del agua y el interés de los alcaldes que lucharon hasta lograr el aumento al 10 % del Fodes; luego vendrá la demanda de los afectados por el injusto sistema de pensiones, los desmovilizados de la fuerza armada y excombatientes por sus propias reivindicaciones, los sectores públicos que defienden o pretenden ampliar sus escalafones, la diversidad del sector agropecuario, los transportistas y, por supuesto, los bancos y organismos financieros internacionales que vendrán por lo suyo; porque en el fondo los problemas seguirán siendo los mismos.
El ostracismo, la arrogancia y los tuits jamás podrán sustituir los frutos del diálogo inclusivo, inteligente y constructivo que ponga sobre la mesa los intereses del pueblo y del país, porque la acción diaria de gobernar conlleva una responsabilidad que va más allá de 280 caracteres.