Esta semana, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ocho naciones del mundo firmaron una declaración conjunta en la que aseguran que en Nicaragua no existen las condiciones para unas elecciones “libres y justas”, en el marco de la crisis política e institucional que atraviesa el país centroamericano.
Desde 2018, Nicaragua vive una crisis política derivada de las protestas populares contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que fueron aplastadas con una represión sangrienta que dejó más de 300 muertos y docenas de miles de exiliados, además de docenas de presos políticos. Entonces Ortega y Murillo dijeron que la crisis se resolvería con las elecciones de noviembre de 2021. Evidentemente, ha sido a su manera. Desde junio pasado han encarcelado a todos los precandidatos presidenciales que tenían posibilidad de ganar unas elecciones libres a la pareja gobernante. Además han apresado a líderes políticos, empresariales, periodistas y ambientalistas.
De ahí que la carta firmada por los gobiernos de Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y República Dominicana, es importante. Los ocho países firmantes precisan que “Nicaragua atraviesa una situación extraordinaria de deterioro del Estado de Derecho, del orden constitucional y de ruptura de sus instituciones democráticas, evidenciada en la detención, el acoso y las restricciones arbitrarias que afectan considerablemente la participación política, así como el respeto y garantía de los derechos humanos”.
Sin elecciones libres y justas, el regimen nicaragüense se convertirá en un estado forajido, que no merece el reconocimiento de ninguna nación o pueblo que se precie de amar la democracia.