Si dividimos, usando la lógica simple en la que la administración legislativa da soporte al actuar diario de estos 84 parlamentarios, prácticamente los contribuyentes pagamos 33 personas por cada uno, un verdadero ejército de empleados para acompañar un trabajo relativamente sencillo: el aprobar, reformar y derogar leyes, discutir y elaborar propuestas de ley. Será entonces importante hacer la pregunta ¿se necesitan tantos apoyos para ese trabajo? Ni siquiera empresas pequeñas o medianas tienen 33 empleados en sus planillas y tampoco las hacen crecer si no es por verdadera necesidad de cada posición laboral. ¿En la Asamblea Legislativa cada puesto está justificado? ¿Es necesario? Esas serían las siguientes preguntas y obviamente la respuesta es no. Todos esos cargos, exceptuando los más administrativos directos, si hiciéramos la auditoría correcta, veríamos que son redundantes, innecesarios y sobre pagados, porque su existencia depende de una visión de relación partidaria y conveniencia política para el diputado y el partido y no para el beneficio de la población votante; agregando también contrataciones para lavar dinero y usar el presupuesto asignado con devolución; es decir, aquellos contratos que reciben amigos o personas de confianza que del monto mensual contratado le devuelven en efectivo al contratante (diputado) su respectiva parte.
La historia no es única de la Asamblea Legislativa, también existen cargos para amigos y familiares en los demás poderes de estado y en las municipalidades, pero es en el legislativo donde más evidencia existe de un sistema no solo caduco, sino que empobrece al país y alimenta la corrupción.
¿Cuándo terminará esta triste historia? Cuando la fuerza de la población exija a sus representantes aprobar la ley de la función pública, la cual definiría la forma de contratar, la forma de ascender, la forma de compensar y la forma de despedir empleados de la gestión gubernamental, una ley que abra el espacio para que se transparente e independice la contratación de recurso humano de la política partidaria, creando una institucionalidad que dé respaldo y mueva las instituciones pero que sea independiente de la ideología, relación familiar, relación privada o partidaria o de quien llegue al poder o al cargo más importante.
La ley de la función pública es la que puede hacer un cambio real y contundente en la manera en la que se hace la política y se administra el recurso de todos, ya que una buena ley y una buena aplicación de la misma garantizaría a la burocracia la estabilidad necesaria y a los ciudadanos la seguridad necesaria que la institucionalidad es fuerte y que no depende del juicio del jefe de turno o del chantaje sindical para funcionar bien, creando algo mejor para todo el país.
De nada servirá seguir asombrándonos con que un diputado tenga siete parientes, la novia, la querida, los hijos, la esposa, las amistades y quizás hasta el perico con sueldo y cargo, si no presionamos y pronto a la aprobación de esta ley que lleva ya más de 10 años y seis meses de estar en el tintero sin que exista el deseo de aprobarla.
La culpa no es de ellos, sino de nosotros que hemos permitido, como representados, que se burlen de nuestro voto usándolo para enriquecerse corruptamente.