Margarita Escobar, diputada de la Comisión de Economía


La diputada Margarita Escobar, presidenta de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, promueve una agenda digital en el poder legislativo y argumenta que en este mundo de las nuevas tecnologías es necesaria la aprobación de la Ley para la Promoción de la Economía Naranja para fomentar el emprendedurismo de los jóvenes en el área tecnológica. Cree en la capacidad de los jóvenes para innovar pero que no ha existido el apoyo necesario y esto ha relegado en su Índice de Creatividad Global.

 

¿En qué consiste la agenda legislativa digital que impulsa?

Se necesita una legislación que le permita dar certeza rumbo y orientación a El Salvador. Por esa razón es que he tomado la agenda digital legislativa como una prioridad, para que El Salvador cuente con un marco jurídico tecnológico que responda a las necesidades del siglo XXI. Así, aprobamos la Ley de Firma Electrónica que le dará equivalencia a la firma autógrafa a través de una firma electrónica, que puede ser simple o certificada y que tiene valor jurídico. Un inversionista lo primero que pregunta en el mundo globalizado es: ¿tienen firma electrónica? La respuesta hoy es sí. Lamentablemente no está implementada y quiero urgir al nuevo Gobierno a que haga lo propio para que entre en vigencia totalmente.

 

¿Qué falta?

Implementarla. No la han implementado para nada, no está legalmente equiparada la firma manuscrita con la firma electrónica, ni simple ni certificada. No tienen el pleno desarrollo de la Unidad de Firma Electrónica cuya autoridad central es el Ministerio de Economía. Pero hemos escuchado buenas noticias del nuevo Gobierno que sí la piensan implementar a partir de enero (2020). La Ley de Firma Electrónica va equiparada con la Ley de Comercio Electrónico. Los contratos se hacen ahora no solo con su vecino, se hacen con el mundo entero. Esta es una gran oportunidad para que los salvadoreños comercialicen sus productos con el mundo entero. Esta ley regula la relación que puede darse entre un proveedor y un consumidor, un proveedor y otro proveedor, o un proveedor y el Gobierno. Además, describe los contratos, su legitimidad, cuando hay incumplimiento de contratos.

 

¿También promueven la ley de protección de datos personales?

Un tercer tema de la agenda digital legislativa es la Ley de Protección de Datos y Habeas Data. Tanto para la Firma Electrónica. Para comercio electrónico las personas tienen que dar sus datos personales o de sus empresas pero El Salvador no tiene una ley que proteja los datos personales, por eso, la filosofía central de la Ley de Protección de Datos Personales y Habeas Data es que los dueños de los datos personales, los únicos dueños, son los ciudadanos y que ninguna empresa, ninguna otra persona, puede utilizar los datos personales de nadie para transarlos, comercializarlos, venderlos o para otra utilización que no sea aquella para la cual el ciudadano voluntariamente dio sus datos personales.

 

¿Cómo se conjuga la Ley de Protección de Datos y Habeas Data con el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública?

El Instituto de Acceso a la Información Pública tiene el mandato para la protección de datos públicos. Es una ley para la protección de datos personales y, cuando veamos la institucionalidad del país, ese va a ser uno de los temas que debemos analizar, ¿a quién en el país le corresponde velar por la protección de datos personales?, va a ser la pregunta del millón. El proyecto que hemos presentado lo da a la Defensoría del Consumidor pero hay una contratesis que indica que deberíamos de dárselo al Instituto de Acceso a la Información Pública, puesto que ya desarrolló cierta experiencia. Ese debate está abierto. Podemos pensar en una Superintendencia de Tecnología que se encargue de dirimir discrepancias entre lo público y privado. Estamos impulsando las compras públicas a través de medios tecnológicos mediante la cual se reformaría la Lacap (Ley de Adquisiciones y contrataciones de la Administración Pública) y que las compras públicas serían a través de medios electrónicos donde existiría un catálogo de proveedores privados y se abren nuevas modalidades de compra que van a dar transparencia, ahorros y conocimiento de quiénes son los proveedores del Estado, se van a evitar las mordidas o sobornos, favoritismo.

 

¿Qué otra iniciativa hay en la agenda digital legislativa?

Tenemos otra iniciativa de ley para la Promoción de la Economía del Conocimiento. Hoy en día, el momento Uber de El Salvador ya nos dejó y tenemos que llegar, ya no al Urber, sino al Uber Copter, volar para alcanzar al mundo y esto pasa por la tecnología. Los jóvenes, para que tengan éxito en la economía del Siglo XXI, tienen que estar en pleno desarrollo de sus capacidades tecnológicas, en la ingeniería, matemáticas, lectura de datos, programación, desarrollo de algoritmos que permitan desarrollar plataformas o aplicaciones que le sirvan a la economía del conocimiento o digital. La ley crea estímulos, que no paguen impuestos sobre la renta, derecho a un bono único, a no pagar impuestos de importación en maquinaria, para emprender un negocio. Se forma un fideicomiso nacional para fomentar la economía digital que se nutre de fondos del Estado, cooperación, de que también pueden obtener préstamos.

Por otro lado, hemos presentado la Ley para la Promoción de la Economía Naranja, que también se le conoce como la economía creativa que es todo aquello que tenga valor agregado basado en la propiedad intelectual y en la tecnología. Esto el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) lo está fomentando mucho. Cuando uno ve el Índice de Creatividad Global, El Salvador está en los índices más bajos de creatividad en el mundo.

 

¿Qué ha faltado?

Porque no hay apoyo, no hay visibilización, no hay una ley que los impulse, no existen indicadores para medirla. A las mypes, les quiero dar un mensaje especial: las tecnología es para ustedes. La tecnología es la herramienta que les va a ayudar a fortalecer sus micro, pequeñas y medianas empresas. La tecnología no está diseñada para los grandes solamente.