Editorial & Opinion

La tentación autoritaria y la guerra por el IAIP (III)

Lilliam Arrieta de Carsana / Abogada

jueves 12, marzo 2020 - 12:00 am

La malograda elección del comisionado por el sector de los periodistas en 2020: El 7 de febrero de 2020 y a pesar de no contar con el cuórum necesario de las entidades votantes y, luego de tres intentos fallidos, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia llevó a cabo la elección del sector de periodistas, que concluyó con la elección, en calidad de comisionado propietario, de un joven que hasta esa fecha trabajaba para el Ejecutivo y, en calidad de suplente, con la elección del hijo del directivo de una de las asociaciones votantes. Comisionado propietario y suplente se presentaron al IAIP el primer día hábil siguiente; sin embargo, desde su llegada al IAIP, el comisionado propietario fue muy cuestionado por su falta de independencia y conocimiento de la materia. De hecho, al momento de su llegada al IAIP para tomar posesión, al ser cuestionado sobre sus credenciales por la presidenta de dicho instituto, el joven comisionado llamó por teléfono a quien él consideraba “su jefe”.  En los días siguientes, prácticamente no pudo participar en ninguno de los procesos que se estaban tramitando en el IAIP y fue recusado de la mayoría de audiencias por su falta de independencia, ya que el instituto estaba conociendo casos en contra de funcionarios del Ejecutivo, el Director de Centros Penales, la Ministra de Vivienda y el Ministro de la Defensa, por negar información. Prácticamente 72 horas después de su nombramiento, ambos comisionados renunciaron.

6)La batalla aún en curso: Ha sido obvio para todos que varias instituciones que integran el Ejecutivo, así como la misma Presidencia de la República no están dispuestos a dar información en su poder, a pesar que el IAIP ha ordenado que deben darla con base en la ley. Debe darse información sobre los viajes del director de Centros Penales, debe darse información sobre los operativos militares que ocurrieron durante la guerra civil, debe darse información sobre el financiamiento de una estancia militar, entre otros.  Todos son supuestos establecidos en la LAIP.  También existen otros casos sentenciados en los que el IAIP ha impuesto multas relativamente elevadas en contra de funcionarios, como la Ministra de Vivienda por la negativa a dar información o demandas ante los tribunales para exigir la ejecución forzosa de las resoluciones del IAIP, también en contra de varios funcionarios del Ejecutivo.

El IAIP está haciendo su trabajo. Lo está haciendo demasiado bien y con demasiada independencia para el gusto del Ejecutivo, cuyos funcionarios han intentado, de diversas formas, evitar el cumplimiento de las resoluciones y evitar que el IAIP siga conociendo y resolviendo de forma independiente casos que los involucran. Según informó la semana pasada la presidenta del IAIP,  algunos comisionados han recibido presiones para resolver en determinada forma en ciertos casos y hasta para hacerla renunciar. En una reciente diligencia que el Pleno del IAIP debía realizar en el Ministerio de la Defensa para comprobar la existencia de información relacionada con violaciones a derechos humanos ocurridos en la Universidad Nacional durante los años del conflicto armado, varios soldados no les permitieron el ingreso y, según informaron los comisionados, fueron objeto de varios actos de intimidación, tanto como para temer por su integridad física, por lo que solicitarán medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, la ciudadanía se ha manifestado de diversas formas a favor de los comisionados del IAIP, sobre todo de las cuatro mujeres que con nada más que la ley y la Constitución se enfrentaron a los miembros de las Fuerzas Armadas que no les permitieron llevar a cabo la diligencia.

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La guerra por el IAIP todavía no ha terminado y de seguro vamos a presenciar más batallas por intentar controlar este instituto y a sus comisionados. Está pendiente el 4º intento por elegir a los comisionados por el sector de periodistas, así como la elección del comisionado propietario por parte de las universidades. Como ciudadanos debemos estar atentos a estas elecciones, así como a cualquier acto que pretenda limitar la independencia del IAIP cuya función es garantizar el derecho fundamental de acceso a la información, para que sus comisionados puedan seguir ejerciendo de forma valiente el rol de contrapeso que les compete y para que la ciudadanía pueda seguir contando con información que, entre otros usos, nos permita ejercer contraloría del poder, para evitar que nuestro país derive hacia el autoritarismo.




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