Desgraciadamente, lo que ha abundado en nuestro país, han sido políticos corruptos, cortoplacistas y con pretensiones autoritarias en distintos grados y medidas. La tentación autoritaria ha estado presente en muchos de nuestros exgobernantes y/o funcionarios de alto nivel, así como también está presente en el Gobierno actual. En palabras simples, se le llama “tentación autoritaria” al deseo de gobernar sin límites, de tener poder absoluto, de poder ordenar cualquier cosa que se le ocurra al gobernante de turno y poder llevarla a cabo sin que ninguna institución o funcionario lo impida, a través de la implementación de distintos mecanismos que anulan los contrapesos institucionales.

Revisemos algunos ejemplos recientes de intentos por eliminar los límites al poder por parte de varios exgobernantes. Durante todo el plazo que duraron en el cargo los “4 fantásticos” magistrados de la Sala de lo Constitucional 2009-2018, presenciamos tantos ataques para intentar limitar el alcance de sus resoluciones, como para intimidarlos directamente, que llenaríamos varias páginas si tuviéramos que hacer un listado. Los presidentes de la República electos para los periodos 2009-2014 y 2014-2019, hicieron de todo para evitar cumplir con sus resoluciones y se les fue la vida vituperando en su contra. También de forma especial, el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes intentó frenar e intimidar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, hasta con demandas en instancias internacionales. Por otra parte, durante muchos años, el PCN controló la Corte de Cuentas de la República (CCR) para evitar ser fiscalizados cuando ejercían el poder o como moneda de cambio cuando gobernó otro partido.

En la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para 2018-2027, también pudimos observar cómo en la Asamblea Legislativa algunos partidos políticos insistieron mucho por posicionar a determinados candidatos que no eran aptos para el cargo, con el único objetivo de controlar a la nueva Sala de lo Constitucional, así como a la Corte en Pleno, a la que le corresponde ordenar el inicio de los juicios por enriquecimiento ilícito. Estos juegos de poder se complicaron tanto, que la elección de la CSJ se atrasó varios meses y el país estuvo sin Sala de lo Constitucional desde el 16 de julio de 2018 hasta el 14 de noviembre del mismo año. Todo por intentar controlar uno de los más importantes contrapesos que tienen el Ejecutivo y el Legislativo en cualquier democracia.

Además de la Sala de lo Constitucional, otra de las instituciones que, con algunos tropiezos, ha actuado con independencia del poder político, para defender el derecho fundamental de acceso a la información pública, ha sido el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Y debido a la independencia mostrada frente a algunos casos de alto perfil, también se han librado varias batallas para intentar anularlo, pero el autoritarismo todavía no ha ganado la guerra. Por falta de espacio no me referiré a la reciente filtración de datos a Capres que terminó en la renuncia del Presidente del IAIP, ni tampoco al nombramiento en calidad de Director Ejecutivo, de uno de los mayores opositores del derecho de acceso a la información y apoderado de Mauricio Funes en muchos casos en los que negó información que la LAIP establecía que debía darse.

A continuación resumo las batallas más memorables por controlar al IAIP:

1) La elección del primer pleno del IAIP: La 1ª generación de cinco comisionados debió haber sido nombrada a más tardar el 8 de noviembre de 2011, conforme con la LAIP. Sin embargo, dado que el proceso era un poco complejo, la selección de las ternas por cada uno de los cinco sectores de la sociedad civil, se retrasó un poco y el Presidente de la República recibió el listado de candidatos hasta inicios de 2012. No obstante, en un acto totalmente arbitrario decidió rechazarlos a todos, sin ninguna explicación, a pesar de que en dicho listado se incluyeron a varios candidatos con todas las credenciales para ejercer el cargo. Más de un año después, como resultado de la presión ciudadana y de un amparo que presentaron varias personas ante la Sala de lo Constitucional por la falta del ente garante del derecho fundamental al acceso a la información pública (Amp. 356-2012), el 23 de febrero de 2013, el Presidente Funes eligió a los comisionados del IAIP.