Editorial & Opinion

La tentación autoritaria y la guerra por el Instituto de Acceso a la Información Pública (II)

Lilliam Arrieta de Carsana / Abogada

miércoles 11, marzo 2020 - 12:00 am

Los intentos para eliminar la fuerza vinculante de las resoluciones del IAIP: En la madrugada del 8 de febrero de 2013, los diputados de Gana, FMLN y PCN aprobaron el Decreto Legislativo N°. 303, por medio del cual se eliminaba la obligatoriedad de las resoluciones del instituto y su competencia para aplicar sanciones. Se intentó emascular al IAIP, dejándole únicamente la facultad para emitir recomendaciones. No obstante ello, el rechazo de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de los jóvenes y de los ciudadanos en general, fue tan grande y generó tanta presión, que el 14 de febrero de ese mismo año, el presidente Funes vetó dicho decreto, aunque él fue uno de los funcionarios que reiteradamente incumplió las decisiones del IAIP, en temas como sus viajes, sus gastos en publicidad y otros de relevancia nacional.

3) La estrangulación financiera del IAIP: El presupuesto del IAIP, no solo ha sido insuficiente para las funciones que le corresponde realizar e inferior al de otras instituciones menos incómodas, sino que en algunas oportunidades hasta se le ha reducido de un año a otro. En 2013, el IAIP contó con un presupuesto de US$937,920, pero a modo de represalia ante las primeras resoluciones incómodas, en 2014, les disminuyeron la asignación a US$885,565, siendo que, a título de ejemplo, ese mismo año el TEG tenía asignado un poco más de US$2.3 millones. Entre 2015 y 2018, el presupuesto del IAIP se mantuvo casi igual y osciló entre US$1,352,000 y US$1,399,565. La asignación presupuestaria para el IAIP parece haber sido utilizada desde el Ejecutivo como mecanismo de castigo a dicho instituto. El IAIP dispone para 2020 de un presupuesto de US$1,899,885, el mismo que tenía asignado en 2019. Más del doble de lo que disponía en los primeros años de funcionamiento, pero mucho menos del que disponen otras instituciones con similar tamaño y funciones.

4) La renovación de los comisionados en 2017 y 2019: La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) estableció la renovación escalonada de los cinco comisionados del IAIP: dos de los primeros comisionados durarían en el cargo cuatro años y los otros tres, cumplirían el plazo total del cargo el cual equivale a seis años. En ese orden de eventos, a finales de 2016, se convocó a la elección de los nuevos candidatos por el sector de las asociaciones empresariales y de las universidades debidamente autorizadas. Previo a dicha elección, en enero de 2017, la Presidencia de la República aprobó unas reformas al Reglamento de la LAIP relativas al proceso, que en varios puntos fueron criticadas por organizaciones, como el Grupo Promotor de la LAIP. En mayo de ese año, se llevaron a cabo las elecciones sectoriales convocadas por el Mined y Minec. La de las universidades se desarrolló con normalidad; sin embargo, la de las asociaciones empresariales enfrentó una situación muy cuestionada.  Si bien en 2012, solo habían votado las gremiales de empresarios, en la elección de 2017, el Minec autorizó que votaran seis cooperativas. Esta decisión fue muy criticada por algunos sectores, por considerar que las cooperativas no estaban incluidas en la LAIP.  De hecho, aunque la elección se llevó a cabo, uno de los candidatos postulados por una gremial interpuso un amparo y obtuvo una medida cautelar que impidió que el Presidente de la República eligiera hasta pronunciarse la sentencia (Amp.25-2017). Los cambios de última hora al reglamento de la LAIP y la incorporación de nuevas entidades votantes, generó mucha desconfianza en la ciudadanía, ya que apuntaban a intentos por controlar al IAIP.

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En 2019, se convocó para elegir a los otros tres comisionados por los sectores de los sindicatos, asociaciones profesionales y periodistas. Las dos primeras elecciones pudieron llevarse a cabo con relativa regularidad, ya que durante un proceso de entrevistas organizado por la extinta Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, todos pudimos constatar quiénes eran los candidatos con conocimientos en la materia y quiénes no; pero para sorpresa de muchos, al momento de elegir, el presidente Sánchez Cerén no seleccionó a las personas más idóneas; sobre todo, en la terna de organizaciones profesionales, en la que se incluyó a personas expertas en acceso a la información, pero demasiado independientes. La elección de los periodistas no pudo realizarse por falta de cuórum de las entidades votantes.




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