Los retrasos en los permisos del Ministerio de Medio Ambiente o en otras entidades estatales eran ampliamente conocidos en círculos empresariales en los últimos dos gobiernos. Autorizar un estudio de factibilidad podía tomar meses, a veces más de un año, para luego transmitir algunas observaciones que hubieran podido ser entregadas en menor tiempo.
En otro caso, había una autónoma donde la junta directiva autorizaba los permisos pero no sin antes hacer una larga discusión no sobre aspectos técnicos, sino sobre la afinidad ideológica del inversionista o del grupo empresarial al que pertenecía.
El Estado salvadoreño tiene que superar estas trabas burocráticas. Ciertamente, tenemos un país altamente vulnerable en términos ambientales, pero no podemos seguir sacrificando inversiones que traen desarrollo por una tramitología -muchas veces un disfraz de la corrupción o la ineptitud- que nos perjudica profundamente.