Los delitos de índole sexual son una plaga terrible en la sociedad salvadoreña pero los más repudiables de todos son aquellos dirigidos contra los menores de edad. Desgraciadamente, las cifras divulgadas esta semana por la Fiscalía General de la República ilustran cómo este flagelo sigue afectando a nuestros menores aún en las épocas de cuarentena domiciliar causadas por la pandemia del coronavirus.

Según el informe de la Fiscalía, durante los meses de la cuarentena domiciliar obligatoria, de marzo a junio, recibieron 735 denuncias de violencia sexual en menores de edad. La misma Fiscalía reconoce que la cifra podría ser mucho mayor ya que muchos de estos delitos simplemente no se denuncian.

Evidentemente, la inmensa mayoría de esos casos de violencia sexuales contra menores de edad solo pudieron ser ejecutados por familiares o personas de confianza. Como bien dijo la fiscal Marina de Ortega: ¿Cómo es posible que estando en época de pandemia, donde se suponía que la niñez y la adolescencia debía estar en sus hogares, resguardados, en lugares seguros hubo 735 casos de violencia sexual?”. Nuestra niñez debe ser protegida, resguardada de estos males que se replican desgraciadamente en un círculo interminable de impunidad.

Por eso es importante que los casos no solo se denuncien sino que se judicialicen y se castigue a los culpables como lo merecen. También, por supuesto, es necesario que se eduque a los menores en la prevención de este tipo de delitos para que se quiten el miedo y puedan contarle a familiares de confianza lo que les está sucediendo. Debemos aspirar a una sociedad sana en todo sentido y cuidar y proter a la niñez es el primer gran paso en ese sentido.