El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que se negocia un acuerdo de financiamiento, ha advertido que la decisión de El Salvador de adoptar el bitcoin como moneda de curso legal genera riesgos para a nivel financiero y legal y señaló que requieren un análisis muy cuidadoso.
La agencia calificadora de riesgo Moody’s Investors Service y la financiera J.P. Morgan también han expresado su preocupación y que plantea riesgos a la estabilidad monetaria de El Salvador.
Por ejemplo, Moody’s indicó que el efecto potencial del sistema bancario es incierto y dependerá de los resultados de la implementación de la criptomoneda y su apetito de aceptación. Igualmente, J.P. Morgan asegura que la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador traerá “pocos beneficios” y pondrá en riesgo la negociación con el FMI.
El tema es muy delicado y requiere un análisis profundo de sus consecuencias no solo para la macroeconomía, para los negocios o para la banca, sino para la población que necesita entender claramente los alcances de la adopción del bitcoin y cómo puede afectarlo o beneficiarlo. De ahí que es clave que la reglamentación de esta ley llene los vacíos y las dudas profundas que ha generado entre la población, que también necesita una campaña educativa que les explique con transparencia cómo funcionará.