El detonante es una compleja situación socioeconómica de la que se han aprovechado grupos radicalizados de izquierda y anárquicos. Esos ataques de sectores radicales se han servido de las demandas legítimas de los usuarios de servicios públicos para atacar y destruir empresas, propiedad pública, medios de comunicación, etc.
Las lecciones de Chile son al menos dos: que la exigencia ciudadana de mayor cobertura en la prestación de servicios básicos puede dar paso a la violencia, si ésta se mantiene en la insatisfacción, y que la respuesta estatal a dichas protestas no puede ser en un primer momento la represión.
Los costos políticos y humanos son demasiado altos para que el desgobierno y la violencia, sean el costo a pagar por no contar con mecanismos de diálogo y representación ciudadana en las instituciones.
Chile está a miles de kilómetros de distancia. Las circunstancias que ahora enfrenta parecen demasiado cercanas a nuestro país.