Esta semana pasé por una reconocida escuela pública del centro de San Salvador. La presencia de pandilleros y de vendedores de droga era demasiado evidente para mí, que pasé en un vehículo y solo observaba discretamente la escena. La escuela está ubicada muy cerca de una de las sedes policiales más emblemáticas de la capital y yo me preguntaba que si aquello era tan evidente para mí, por qué no lo era para los policías que estaban en el vecindario.

Según la ministra de Educación, las amenazas de las pandillas a la comunidad educativa y el acoso escolar son las principales denuncias que ha recibido el Ministerio de Educación en los últimos siete meses.

Es la historia que ya conocemos. Pase usted por casi cualquier escuela o instituto del área metropolitana y encontrará la misma historia. Es interesante que la ministra Carla de Varela explicó hace unos días a los medios de comunicación que no existe una comunidad calificada como la más peligrosa, sino que es un problema generalizado.

La ministra de Educación dijo que han recibido 90 denuncias de todo tipo, pero entre las principales, están el acoso escolar, es decir, problemas entre alumnos y docentes, y entre alumnos.

Porque no solo los estudiantes padecen de amenazas y acoso. También los maestros, indefensos, intimidados frecuentemente y hasta en muchos casos, hasta extorsionados.

Ciertamente ahora hay un poco más de presencia policial pero los delincuentes siguen en los alrededores y eso debería ser una prioridad del Plan de Control Territorial que impulsa el Gobierno. Sí es cierto que se necesita más presencia policial pero también que los agentes no se limiten a dar vía o a caminar en los alrededores, sino que sean activos en la prevención y la persecución de aquellos sujetos que molesten a estudiantes y maestros.