Michael Paarlberg, profesor de Ciencias Políticas en la Virginia Commonwealth University.


Michael Paarlberg, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Virginia Commonwealth, cree que El Salvador tiene su peor momento en las relaciones con los Estados Unidos, que no busca una relación puramente transaccional. No tendría que hacer mucho, dice, para mejorarlas, sin embargo, prevé que el deseo de consolidar su poder centralista no lo dejará.

Paarlberg define lo que pasa en El Salvador como un Estado de facto de un solo partido, no autoritario pero en esa dirección y muy similar a la Nicaragua de 2007-2008, en donde las reglas del juego dependen del poder cada vez más ilimitado del presidente.

Ante esto, por parte de Estados Unidos, considera posibles revocación de visas, sanciones personales, pérdidas de acceso crediticio y revisiones en el tratado de libre comercio con Estados Unidos.

 

¿Cómo definiría lo que pasó el 1 de mayo en El Salvador?

He visto mucho debate alrededor del término "golpe", ya sea legislativo o constitucional. Creo que es perfectamente razonable usar ese término, ya que hemos visto muchos ejemplos en otros países en los que un poder del Gobierno utiliza medios extraordinarios para deponer a sus opositores de otro poder. Y aunque esta medida puede estar justificada por alguna interpretación de la Constitución, el efecto es concentrar el poder y socavar el Estado de Derecho.

 

¿Estamos pasando a un estado autoritario o simplemente es una crisis institucional o democrática?

Veo a El Salvador hoy de una manera similar a Nicaragua alrededor de 2007 o 2008. Recuerden, (Daniel) Ortega regresó al poder con índices de aprobación bastante altos al principio y un mandato popular. Puede que todavía no fuera un dictador en ese momento, pero las intenciones estaban ahí. El Salvador es ahora un Estado de facto de un solo partido, cuyas instituciones democráticas, y sus controles y contrapesos se debilitan todos los días.

Todavía no es un estado completamente autoritario, pero se dirige hacia esa dirección. Por lo tanto, lo que suceda ahora con el Estado salvadoreño afectará fuertemente su futuro cercano. Puede que sea demasiado tarde para Nicaragua, pero no es demasiado tarde para El Salvador.

 
El Salvador es ahora un estado de facto de un solo partido, cuyas instituciones democráticas, y sus controles y contrapesos se debilitan todos los días. Todavía no es un estado completamente autoritario pero se dirige hacia esa dirección.

 

¿Hay salida a estos casos?

Hay medidas inmediatas que se podrían tomar, como las que sugirió (Ricardo) Zúñiga en su reunión con el presidente (Nayib Bukele): restaurar a (Raúl) Melara (fiscal general) y los magistrados depuestos de la Sala de lo Constitucional.

Sin embargo, el Presidente ha rechazado esa posibilidad y no creo que un regreso al status quo anterior sea suficiente. Hay normas de buen gobierno que cualquier país debe cumplir, como la tolerancia a la opinión política minoritaria, el respeto a la prensa libre, la separación de poderes, y la transparencia y rendición de cuentas.

Ningún gobierno debería usar los poderes del Estado para castigar a sus opositores políticos, ni obstruir las investigaciones de corrupción o proteger a figuras corruptas dentro del gobierno. Para ser completamente honesto, los partidos tradicionales también necesitan "limpiar su casa". No debe haber tolerancia a la corrupción dentro de ningún partido político, ya sea de izquierda o derecha, que sea parte del Gobierno en este momento o no.

 
Hay medidas que pronto van a pasar como la revocación de visas y sanciones personales. Pero se ven señales de que la respuesta va a ser económica más que nada.

 

Está claro que El Salvador no revertirá lo ocurrido el 1 de mayo. ¿Cuáles son las posibles y cuáles son las probables respuestas de los Estados Unidos de acuerdo a experiencias anteriores?

Estados Unidos ya ha señalado algunas respuestas. Con la publicación de la primera lista del Departamento de Estado y otras más luego como la de Engels, ha señalado que va a nombrar y sancionar a oficiales en el Gobierno que tienen vínculos a la corrupción. El Congreso ha entregado una resolución para condenar al Gobierno por los hechos del 1 de mayo. Hay medidas que pronto van a pasar como la revocación de visas y sanciones personales.

Pero se ven señales de que la respuesta va a ser económica más que nada. Washington tiene mucha influencia sobre las instituciones financieras internacionales, como lo podemos ver con las negociaciones sobre el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, El Salvador está al borde de perder acceso al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Hay senadores que han hablado abiertamente de que podría haber revisiones del DR-CAFTA (tratado de libre comercio con Estados Unidos) y otros acuerdos relacionados con el comercio y la inversión.

La administración Biden ha dicho claramente que ve que sus socios en la región no son los gobiernos de Centroamérica, sino el pueblo centroamericano. La destitución de Melara y los magistrados solo subrayan que no hay tolerancia de ninguna autoridad gubernamental que no responda a los deseos del Presidente. La protección de la independencia de la sociedad civil será un principio rector.

 
Estados Unidos quiere tener buenas relaciones con El Salvador. Para hacerlo, el presidente Bukele no tendría que hacer mucho, sino simplemente cumplir con las normas democráticas. Sin embargo, me temo que su deseo por consolidar un poder centralista lo está haciendo imposible.

 

¿Qué significa la llegada de un funcionario como Ricardo Zúñiga –enviado del Departamento de Estado de Estados Unidos– a El Salvador y el mensaje a su salida que reitera que los hechos del 1 de mayo fueron ilegales?

Zúñiga habla en nombre del presidente Biden, quien ha dejado en claro que la relación de Estados Unidos con El Salvador, de hecho, con el mundo, no será puramente transaccional, como lo fue con Trump. Esta administración se preocupa por la democracia y el Estado de Derecho, porque ve a los gobiernos corruptos o autoritarios como una fuente de inestabilidad. Estados Unidos tampoco desea volver a su legado imperialista, eligiendo ganadores y perdedores, o deponiendo gobiernos en nombre de los intereses comerciales estadounidenses. Estados Unidos quiere tener buenas relaciones con El Salvador. Para hacerlo, el presidente Bukele no tendría que hacer mucho, sino simplemente cumplir con las normas democráticas. Sin embargo, me temo que su deseo por consolidar un poder centralista lo está haciendo imposible, y su respuesta a Zúñiga lo sugiere.

 
Cuando un presidente destituye a los magistrados de la corte suprema y al fiscal, ataca a la prensa, se rodea de personas que Washington sabe que tienen conexiones corruptas, rechaza las peticiones del enviado y amenaza a los miembros del Congreso de los Estados Unidos, es razonable que este país cuestione si el compromiso es productivo.

 

¿Cómo está viendo el empresario estadounidense a El Salvador?, ¿somos atractivos para la inversión con esta nueva Sala de lo Constitucional?

La situación fiscal en la que se encuentra El Salvador es preocupante, particularmente en términos de su deuda que se acerca a 100 % del Producto Interno Bruto (PIB).

También, hemos visto a este Gobierno usar a las autoridades de salud, laborales y tributarias para hostigar a las empresas salvadoreñas que han expresado críticas al gobierno.

En términos generales, a los inversores les gusta la previsibilidad. Los movimientos en dirección hacia el autoritarismo asustan a los inversores, porque las reglas del juego dependen de los caprichos de un solo líder, con un poder cada vez más ilimitado.

 

¿Qué tan estratégico es para Estados Unidos distanciarse con el presidente de El Salvador, cuando esta figura es popular y que incluso está alimentando popularidad regional con mensajes en redes sociales y regalos de vacunas y paquetes alimenticios a Honduras?

Es razonable que un presidente con altos índices de aprobación considere esto como un mandato popular, pero este mandato no se extiende a Washington. Ambos son países soberanos. El Salvador ciertamente tiene derecho a autogobernarse, pero Estados Unidos también tiene derecho a determinar si las relaciones con ese Gobierno son de interés nacional.

Cuando un presidente destituye a los magistrados de la corte suprema y al fiscal, ataca a la prensa, se rodea de personas que Washington sabe que tienen conexiones corruptas, rechaza las peticiones del enviado y amenaza a los miembros del Congreso de los Estados Unidos, es razonable que este país cuestione si el compromiso es productivo.

Actualmente, las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador son las peores desde la guerra civil. En cambio, las relaciones con los Estados Unidos fueron mejores bajo gobiernos anteriores, tanto de izquierda como de derecha. No fue una cuestión de afinidad ideológica. Había diferencias políticas, pero también había relaciones de trabajo entre estos gobiernos.