Actualmente, tomando en cuenta que la desaparición forzada causada por civiles no está regulada en el Código Penal, las autoridades registran estos casos como privación de libertad. En el 2018 la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 204 denuncias por privación de libertad cada mes, es decir 2,448 personas desaparecidas en un solo año. Para este año, la tendencia es similar.
Independientemente del reconocimiento del delito, el Estado tiene obligaciones pendientes para atender este fenómeno, actividades necesarias como la búsqueda de sepulturas y la exhumación de restos humanos, se realizan tímidamente. A finales del año pasado, la FGR aprobó un Protocolo de Acción Urgente que tiene como objetivo ubicar el paradero de la persona reportada como desaparecida, viva o muerta.
Este protocolo tiene un periodo de acción de 30 días continuos, el problema central radica en que pasados los 30 días sin resultados positivos el protocolo se desactiva y deja a la familia en la misma situación por donde empezó.
En este fenómeno nos encontramos ante dos víctimas principales y directas: la persona desaparecida y su familia. Es necesario que el Estado reconozca esta afectación doble. Los efectos de la familia angustiada perduran hasta que no se resuelve el paradero, prolongando y amplificando el sufrimiento en todo este proceso que puede durar días, semanas y años.
Los familiares también son víctimas de este crimen doloso. El trato de indolencia del Estado hacia los familiares y el no investigar nada del crimen contribuye directamente a que se produzcan nuevas desapariciones; renuncia de responsabilidades por parte del Ministerio Público, remisiones y falta de coordinación; se delegan tareas de investigación a familiares de las víctimas; corrupción entre agentes del Ministerio Público y pérdida de la confianza de las familias, son algunos obstáculos que enfrenta la familia dolida.
La angustia indefinida de no saber qué sucedió, genera un impacto emocional y psicológico, y en ocasiones daños colaterales, los cuales llegan a sufrirlos toda la vida. La angustia y desestructuración emocional es uno de los efectos perversos en la familia, la desaparición de un ser querido también significa tortura psicológica para su familia. Esta crea, como efecto inmediato, una situación de angustia sostenida causante de profundas transformaciones en la vida, la mayoría de las familias expresan: algún día sueño que mi hijo, mi hermano, mi esposo tocarán esa puerta y dirán ‘acá estoy, regresé’.
El no saber el destino y estado del ser querido, provoca en los familiares fantasías angustiantes sobre las torturas que probablemente esté sufriendo, creadoras, a su vez, de temores sobre la propia integridad que son terreno adecuado para generar enfermedades y muerte; ilusiones de reencuentro expresadas en situaciones concretas en que parece verlo entre la gente. Es tan grave el estado de desestructuración emocional y confusión provocados que toda la energía se concentra en dilucidarlo. Los familiares de los desaparecidos son convertidos en seres incapaces de dar y recibir en términos de afectividad. Esta situación genera problemas de identidad y adaptación, de aprendizaje, depresiones nerviosas, ansiedad y dispersión, temores nocturnos y aislamiento familiar y social.
Es necesario que el Estado tome en cuenta a estas víctimas directas, los familiares tienen necesidades específicas, entre ellas la necesidad de apoyo administrativo, económico, psicológico y psicosocial, la necesidad de que se reconozcan sus sufrimientos y la necesidad de que se haga justicia. La necesidad de que se apruebe una fecha que les permita recordar y honrar a sus familiares desaparecidos.