El caserío Los Cimientos, del Cantón Joya del Matazano, es el centro de atención de las autoridades hoy, dado que se cometió una violación a derechos humanos, hace tres años. Rosa Fuentes.


La escuela del caserío Los Cimientos, del cantón Joya del Matazano, en Yamabal, departamento de Morazán, celebraba el día de la madre en el año 2017, ahí llegó Roberto Ruíz, en busca de comida.

Ruiz no es un niño, tenía 30 años y es la persona a quien un policía agredió hace tres años y el video se ha difundido en redes sociales desde ayer, y padece una discapacidad cognitiva y física. No habla y según su hermano, Nahún Ruíz, "le dan ataques".

"Así no más lo dejaron, le pegaron porque no se quería salir de de la escuela y como él es enfermo, lo sacaron y le pegaron", dice Nahún Ruiz.

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Según los pobladores del caserío, Roberto Ruiz, siempre llega a la escuela porque le regalan comida. "El muchacho llega, anda su pailita para que le den una comidita, se la echan ahí y él se sienta. Llega al refrigerio escolar, así es la cosa", dice Celedonio Amaya, cuando los periodistas le recuerdan el suceso.

Los vecinos describen a Ruiz como una persona que no es agresiva ni problemática en el lugar.

El subjefe de la Policía Nacional Civil de Morazán, Juan Carlos Arévalo, dijo que están investigando e individualizando a los agentes, quienes están asignados en el departamento. "Tenemos que dar una respuesta ejemplarizante para que quede claro que miembros policiales no pueden actuar de esta manera", dijo hoy Arévalo.

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Añadió que ya tienen identificados a los policías y militares que aparecen en el video, pero están confirmando para evitar violaciones de derechos humanos.

Las investigaciones iniciaron hoy en la madrugada y está en manos de la oficina de investigación disciplinaria de la PNC, de Morazán y de la región oriental; asimismo de la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República.

Esta madrugada, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que se les debe aplicar "todo el peso de la ley" y el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, dijo que el caso fue retomado por la Inspectoría.