Los diputados de la Asamblea Legislativa parecen pensar lo contrario. Desde hace dos semanas -no es la primera vez en los últimos años- se encuentra en estudio la propuesta de reformar el Artículo 24 de la “Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos”, con la intención de que se castigue con penas de cuatro y hasta ocho años, a todo aquel que, usando un perfil o varias identidades falsas y haciendo uso de redes sociales o medios digitales, denigre “el honor o la intimidad” de una persona natural o jurídica…como si decir que el pleno legislativo esté compuesto por algunas personas de evidente corrupción ética y moral, fuera una novedad que merezca ser castigada por tratarse de una afirmación falsa. En serio.
La mencionada propuesta de reforma, que contó con el apoyo de legisladores de los partidos políticos Arena, FMLN, PCN y PDC, contiene vacíos imperdonables para dichas bancadas, habida cuenta que poseen más asesores jurídicos que diputados, y es que diversas fuentes del derecho internacional y particularmente la jurisprudencia interamericana, vienen señalando desde hace tiempo la existencia de una “contraloría ciudadana” consustancial al ejercicio de la función pública.
Esto incluye no solo la crítica directa, sino que también la indirecta a través de la burla, la sátira y hasta la representación más o menos grotesca de aquellos que administran los bienes públicos, sea en forma anónima o con firma responsable. En todo caso, los funcionarios públicos siempre tienen mayor acceso a los medios de comunicación, ya que pueden organizar ruedas de prensa o aprovechar los actos oficiales o su mismo derecho de respuesta para aclarar los señalamientos en su contra, exigir la difusión de una rectificación cuando proceda y hasta utilizar medios de comunicación institucional cuando lo crean necesario.
Nada de esto tiene el ciudadano, excepto que cuenta con su derecho a la libertad de expresión y que éste no puede estar sujeto a censura previa alguna. De hecho, en la “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que: “…La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público...” (Principio 10). Esto significa que cualquier abuso del derecho a la libertad de expresión, será controlada a posteriori, con base a la culpa del responsable, haciendo uso de un debido proceso administrativo en el que se podrá imponer una multa proporcional al daño causado en el honor y la dignidad del funcionario.
No es posible negar que existen abusos en este derecho y particularmente a través del anonimato que permiten las redes sociales en internet. Los mismos partidos políticos que desde hace semanas alientan esta reforma, se han acusado entre sí de contar con ejércitos de cibernautas dedicados a difamar y ultrajar a los contrincantes políticos y hasta se han identificado a los supuestos organizadores o responsables de los mismos. Pero de esto a imponer una “presunción de culpabilidad” a todo aquel que decida burlarse de los poderosos, es una expresión de autoritarismo que se suponía superada.
La mencionada reforma, pareciera más bien expresar el íntimo deseo de los legisladores de hacer su trabajo en silencio, sin esas molestas críticas que, a través de redes sociales, del periodismo de investigación y desde otros espacios públicos cuestionan sus privilegios y los dudosos resultados a esta altura de su gestión.