El Gobierno ha dispuesto al menos $70 millones para construir el hospital en el parqueo del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco). / DEM
La ley especial de atención de salud y reanudación de labores aprobada el lunes por la Asamblea Legislativa creaba un comité contralor conformado por instituciones públicas y privadas para vigilar planes, protocolos y presupuestos utilizados por el Gobierno central para atender la pandemia por COVID-19.
El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció este lunes que vetará la ley.
El comité contralor iba a estar integrado por el Colegio Médico, el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Colproce), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) y la Universidad de El Salvador (UES).
El artículo 15 de la ley determinaba que el comité evaluaría y daría seguimiento al trabajo de las siguientes instituciones educativas: Ministerio de Salud, Comisión Nacional de Protección Civil, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y otras que atienden la pandemia.
La ley ordenaba que todas las instituciones públicas “debían entregarle al comité toda la información que solicite” sobre: planes, protocolos y los presupuestos para atender la pandemia.
De acuerdo a la normativa, si las instituciones públicas no proporcionan la documentación, las instituciones serían multadas con un salario mínimo del sector comercio y servicio. En este escenario, si el funcionario o empleado que decide no entregarle la información al comité contralor, este podría ser separado inmediatamente del cargo.
Informe y pago
La ley facultaba al comité para elaborar un informe especial que publicaría cada 15 días sobre los hallazgos de la contraloría realizada al trabajo de las instituciones y al uso de los fondos públicos.
Según el artículo 18 de la ley, aún no sancionada, las actividades del comité iban a ser financiadas con el presupuesto de la Asamblea Legislativa.
