La Comisión de Legislación sesionó ayer y solo discutió y aprobó 12 artículos del proyecto de ley. / DEM
El anteproyecto de Ley especial para la atención y protección de personas en condición de desplazamiento forzado interno, propone que su fuente de financiamiento provenga del 25 % de los fondos que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública recibe de la contribución especial de la telefonía.
La fuente de financiamiento que proponen los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil para esta ley contrasta con la propuesta de reforma que ha presentado el Gobierno para que la totalidad de los fondos de la telefonía sea para el pago de los bonos para los policías y soldados.
En su artículo 36, el proyecto de ley también propone financiarse con donaciones nacionales e internacionales, cooperación regional e internacional y con las asignaciones de las partidas del presupuesto general de la nación.
El tema de la fuente de financiamiento para la implementación de la ley todavía no ha sido discutido por la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa que por mandato de la Sala de lo Constitucional debe legislar para la protección de los desplazados por violencia.
El 13 de julio de 2018, la Sala dio seis meses a la Asamblea Legislativa para que legislara sobre este tema y el plazo concluyó el pasado 13 de enero.
A pesar de la orden de la Sala, la comisión solo logró discutir y aprobar ayer los primeros 12 artículos del proyecto de ley, que en general abordan el objeto de la ley, definiciones y principios.
Finalmente, la comisión acordó ayer que continuará el estudio del proyecto de ley hasta el lunes de la próxima semana.