El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán envió a prisión a tres líderes comunitarios de la Hacienda La Labor, de Ahuachapán, el pasado 29 de noviembre, por el delito de ocupación violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo.

Los detenidos son Rosa Cinco, Jorge Zúñiga y David Escalante, quienes según la esposa de uno de ellos, no entraron a la propiedad privada de una constructora de la zona.
Lo único que hizo la comunidad es llevar los documentos de Anda y Medio Ambiente y exigirles a los señores agentes que se retiraran del lugar, ya que teníamos toda la documentación porque esa acción que se estaba haciendo, estaba ilegal; en vista que los señores agentes decían que la documentación no era válida, cuando la directora de medio ambiente, cuando la gente de anda decía que debían de retirarse, la comunidad empezó a decir: apaguen esa bomba. Al final, la apagaron, nadie entró”. Vanessa de Zúniga, esposa del defensor Jorge Zúniga.

Los detenidos son de la hacienda La Labor, quienes se oponen a la construcción de más de 2,700 casas en la zona, lo anterior, según la esposa del denfensor, porque la constructora necesita hacer perforaciones para extraer agua y si esto ocurre, afectarán los afluentes de la zona.

“Para hacer esas perforaciones han sido encontradas en las planadas de La Labor, la mayor concentración de agua de todo Ahuachapán ¿Qué quiere decir? Que si ellos explotan esa agua todas las fuentes de agua y la mayoría de pozos aledaños van a ser afectados. El documento de Anda decía que ellos tenían que negociar con las adescos de La Labor y aledaños, las adescos dijeron no vamos a negociar y estamos pagando las consecuencias”, afirmó de Zúñiga.

A la audiencia también se presentaron cuatro defensores, contra los que pesan los mismos cargos, pero ellos serán procesados en libertad, ellos son: Kevin Menéndez, Mario Cinco, Erika Solorzano y Adonaldo Artero.

¿Fiscales corporativos?


El abogado defensor de líderes comunales, Ricardo Martínez, afirmó que apelarán la resolución, debido a que no están de acuerdo con lo resuelto y porque el delito no existe.

Martínez también denunció que el comportamiento de los fiscales fue “corporativo” y no de una institución de Estado.
El jefe de la unidad fiscal, el fiscal del caso, y el jefe de toda la oficina fiscal casi estuvieron presionando a esta gente que hoy está presa para que llegaran a un arreglo, practicamente como abogados corporativos y eso nos parece que está afuera del alcance de la fiscalía y hoy (el lunes) se han portado, honestamente, como abogados corporativos”. Ricardo Martínez, defensor de líderes comunales de La Labor, Ahuachapán.