Un grupo de transportistas pretende que la Asamblea Legislativa emita -otra vez- una disposición transitoria para permitir la circulación por dos años adicionales a las unidades que cumplen los 20 años de fabricación. La petición es que a las unidades que vencen en 2020 y 2021 se les extienda por dos años más el permiso de línea y las tarjetas de circulación.

Es una rueda de caballitos interminable. La inmensa mayoría de esas unidades de transporte colectivo no pasarían una Revisión Técnica Vehicular seria hecha por entes responsables. Ya sabemos cómo son las unidades viejas que circulan en nuestras calles y carreteras. Son las que usualmente provocan accidentes, precisamente por sus pésimas condiciones mecánicas y porque esos mismos señores que piden la prórroga no invierten el subsidio al transporte en mantenerlas adecuadamente o renovarlas cuando corresponde.

El artículo 34 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dicta que “los vehículos dedicados al servicio del transporte público de pasajeros, no deberán exceder de los veinte años de fabricación”. La ley es clara y no se puede venir a argumentar que es por la pandemia. Esa es una excusa injustificable.

Los transportistas viven exigiendo condiciones favorables para su servicio pero son incapaces de aportar algo a cambio. Ni siquiera tienen un plan para pagar las miles de multas de tránsito que sus motoristas deben y que son apañados por sus patrones. Siempre se han opuesto a mayores medidas de control y su cabildeo en la Asamblea en tiempos electorales usualmente logra lo que quiere a cambio de ayuda a las campañas políticas. No se puede ni se debe seguir así.