Desde 1960, cada 1 de octubre, por decreto de la Asamblea Legislativa, se celebra en El Salvador el Día del Niño, para rendir homenaje y reivindicar los derechos de la niñez, tan vulnerables en el país por la falta de verdaderas políticas estatales que busquen protegerla.

Fue el 20 de noviembre de 1959 cuando en la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño y en 1989 se estableció la Convención de la cual El Salvador es suscriptor y por ende está obligado a cumplir con el contenido de la misma.

La Convención establece en forma de Ley Internacional que los países firmantes deben cumplir, que los Estados Partes deben asegurar que todos los niños y niñas, sin ningún tipo de discriminación, se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y asistencia, tengan acceso a la educación y la atención de salud; además que puedan desarrollar plenamente sus personalidades, habilidades y talentos, que crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión y que reciba información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de juna forma accesible y activa.

La referida Convención, elaborada tras años de discusión y consultas con expertos mundiales, establece que los derechos de la niñez son derechos humanos y fundamentales integrales a la dignidad humana de todas las personas. Y es que los derechos de la infancia generan obligaciones y responsabilidades que todos debemos cumplir y respetar. El Estado debe dictar las políticas de protección a la niñez y las instituciones y la sociedad en general darle cumplimiento.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) establece que “Todos los niños y niñas deben sentirse respetados y valorados como ciudadanos responsables y activos en sus países de origen y del mundo entero”. Obviamente la niñez debe estar protegida desde las respectivas constituciones de cada nación y por sus leyes secundarias. Dicha protección y derechos de la niñez no solo deben estar plasmados en leyes, sino ser de práctica cotidiana.

Los derechos de la niñez no deben ser vistos como “obra de amor” por lástima o por obligación pues son derechos humanos fundamentales. No basta con piñatas, fiestas infantiles, juguetes y muestras de aprecio. También hay que garantizarles el acceso a la educación y a la salud, a una familia, a alimentos y a los servicios básicos. Hay que brindarles recreación y seguridad y la oportunidad de vivir su niñez en todo su esplendor.

Desgraciadamente en el país los derechos de la niñez son endebles. La delincuencia los expone a ser víctimas cotidianas e incluso los encamina a ser menores infractores. Los organismos institucionales y las ONG poco hacen por ello, porque se limitan a realizar estudios de lo ya estudiado y a tener presencia mediática, más que presencia e incidencia en nuestra niñez.

Hay instituciones y ONG que salen a manifestarse exigiendo derechos y justicia para las mujeres adultas (lo cual es perfecto), pero pocos o nadie se pronuncian para exigir derechos y justicia cuando nuestra niñez es la víctima, aún cuando son niñas violadas por inadaptados desalmados.

La niñez salvadoreña necesita más protección. Todavía hay niños (as) viviendo en las calles de la caridad ciudadana, adolescentes expuestos a morir a manos de la delincuencia o ser parte de ella. Cuando se despide de su trabajo a un adulto o se le deja de pagar su salario por un capricho o por cualquier otro motivo, se le está dejando a uno o varios niños sin acceso a alimentos y a otras necesidades. Para violarle sus derechos a la niñez no solo hay que agredirlo. Se le violan sus derechos cuando se expone a su entorno familiar a la delincuencia, a una insolvencia financiera o a una inseguridad de cualquier tipo.

Probablemente desde este 1 de octubre y durante todo el mes aparezcan pronunciamientos de instituciones y ONG a favor de la niñez, pero eso es nada cuando se sigue violando los derechos de nuestros niños (as), algunos de los cuales no siquiera pueden leer,

Los políticos, los poderes del Estado, la empresa privada, las instituciones, las ONG y todos los salvadoreños debemos procurar, día a día, por los derechos humanos de nuestra niñez con la clara convicción que son personas con derechos fundamentales. Tienen derecho a la dignidad humana… a la felicidad.