La ley transitoria para facilitar la presentación y pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), el anticipo a cuenta del ISR y el dictamen fiscal por la emergencia de COVID-19, recibió los votos de todas las fracciones y podría ser aprobada en la próxima plenaria, el 30 de abril, fecha límite según la ley para realizar la declaración de impuestos de 2019.
Con esta disposición se amplía el plazo para presentar y pagar estos tributos hasta el 30 de junio. La prórroga fue el único proyecto recibido formalmente por la Asamblea del paquete de medidas presentadas por el Gobierno para enfrentar la crisis económica a raíz de la emergencia.
¿En qué consiste?
Con esta ley, se daría un plazo adicional para declarar y pagar el Impuesto sobre la Renta del ejercicio fiscal 2019 hasta el 30 de junio de 2020.
Para gozar el beneficio, el contribuyente debe hacer una solicitud de pago a plazos ante la Dirección General de Tesorería, la cual concederá un máximo de siete cuotas mensuales y sucesivas para el pago del impuesto.
La primera cuota será equivalente al 10 % del impuesto liquidado y ninguno de los pagos tendrá intereses, recargos o multas.
Si ya declaró, también tendría derecho a un pago en siete cuotas, aunque también debe solicitar el aval de Tesorería.
El diputado Donato Vaquerano, de Arena, sugirió que esta aprobación sea automática “para evitar arbitrariedades”.
La prórroga también beneficiaría a la gran empresa, aunque el plazo máximo será de cuatro cuotas y el pago de la primera cuota sería el 30 % del impuesto liquidado.
Se concede asimismo una exoneración del anticipo a cuenta del ISR de abril, mayo y junio a sujetos clasificados como medianos u “otros contribuyentes”, aunque persisten los plazos de declaración.
Los plazos para nombrar el auditor fiscal en 2020, presentar dictamen fiscal, estados financieros y conciliaciones tributarias de acuerdo al Código Tributario también se prorrogarían hasta el 31 de julio de 2020.
Apoyo a empresas activas
La Asamblea solicitará más información al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, sobre el artículo 8 del proyecto enviado por el Gobierno, que excluye de todos los beneficios fiscales en la prórroga a los sujetos pasivos que han continuado su actividad económica durante la emergencia.
A juicio del jefe de la fracción del PDC, Rodolfo Parker, debe eliminarse este artículo por ser discriminatorio a empresas que están operando y han sido afectadas.
La diputada Margarita Escobar, de Arena, propuso votar el dictamen “tal cual lo envió el Gobierno” y consultar con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, para analizar si es posible ponderar la actividad que tuvieron las empresas durante la emergencia.