Tras meses de discusión estéril y luego de una reunión final de la comisión política en la que se impidió la presencia de periodistas, el proyecto con el que se pretendió dar cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, no hizo más que repetir el error cometido en 1993: imponer la historia de los que violaron los derechos humanos a todos aquellos que sufrieron sus abusos y que sigue siendo considerados enemigos y una amenaza persistente al estatuto de impunidad del que en la práctica se han beneficiado y que van a seguir gozando en los años venideros.
¿Por qué esta convicción? Basta con recordar de nuevo quiénes formaron parte de la comisión política que al final validó la redacción del proyecto de ley, antes de someterlo al pleno legislativo donde finalmente fue aprobado: un general del ejército acusado de violaciones a derechos humanos y que además defendió en una corte estadounidense al único militar juzgado fuera del país, por el asesinato de dos mujeres y seis sacerdotes jesuitas en 1989, una comandante guerrillera al mando de una organización señalada por la ejecución de una masacre en la Zona Rosa, un abogado mencionado en el informe de la Comisión de la Verdad por el encubrimiento de los autores intelectuales de la masacre de la UCA y, sumado a los tres anteriores: el último comandante del Batallón Atlacatl, que además fue señalado internacionalmente por su responsabilidad en la cadena de mando, por la ejecución sumaria de la enfermera española Begoña García Arandigoyén, en medio de una operación militar a su cargo, en septiembre de 1990.
Estos son los artífices de la nueva ley, redactada como si lo más importante fuera diluir responsabilidades institucionales y personales, antes que cimentar futuras acciones penales que garanticen el castigo individualizado de los violadores de derechos humanos que pertenecieron a alguno de los dos bandos en conflicto.
De dicha intención da cuenta el largo texto de la ley, en particular en lo que se refiere a las reparaciones, ya que se prioriza las colectivas sobre las individuales, o al desarrollar los llamados criterios de penalidad, que permiten la reducción de un cuarto de las penas si el agresor reconoce su participación en los hechos y pide perdón, dejando como una cuestión accesoria la localización del cadáver y de las pruebas del hecho, o cuando se condicionan los beneficios contemplados para las víctimas, a la mera existencia o disponibilidad de recursos estatales.
Todo esto, tras el diseño de un Consejo Nacional de Reparaciones que preside la Procuraduría General de la República, cuya misión constitucional está más enfocada en la defensa de los derechos laborales, la libertad y los derechos familiares de las personas, y no la lucha frontal contra la impunidad. Es la misma Procuraduría que apenas cuenta con una experiencia bastante pobre en actividades relacionadas con la investigación penal, el litigio estratégico o internacional y cuyo proceso de elección de titulares se ha prestado al reparto de cuotas y a la reelección de los mismos con independencia de los resultados alcanzados.
De igual forma se suma a este Consejo a varios ministros de Estado y titulares de otras dependencias que pretenden dar legitimidad a un nuevo ente burocrático en el que las víctimas siguen siendo minoría, por más que se condicione el cuórum de sus reuniones a la presencia obligada de estas. Pareciera que la Asamblea Legislativa tiene especial preferencia por aquellos Consejos Nacionales que apenas funcionan y que, si lo hacen, es en medio de cuestionamientos de arbitrariedad o ineficiencia, como el encargado de los lisiados de guerra o el de ciencia y tecnología para poner dos ejemplos.
No, los enemigos del órgano legislativo y de la reconciliación nacional no son las víctimas ni sus representantes; son los mismos que promovieron frente a las cámaras de televisión o desde el anonimato las medidas ineficaces que la semana pasada fueron aprobadas como simulacro de justicia transicional. Sobre estos, los verdaderos enemigos de la vida y de la verdad, escribió el poeta Pablo Neruda en su “Canto General” a mediados del siglo pasado:
“…No quiero que me den la mano
empapada con nuestra sangre.
Pido castigo.
No los quiero de embajadores,
tampoco en su casa tranquilos,
los quiero ver aquí juzgados
en esta plaza, en este sitio.
Quiero castigo…”.