Este ilícito debería ser objeto de un estudio criminológico serio, audaz y profundo, por parte no solo de la Fiscalía General de la República, sino también de la Policía Nacional Civil, los jueces del sector penal y del mismo Órgano Legislativo, para encontrar las modalidades de actuar, su forma de acercarse a las víctimas y sus formas de convencimiento, para depositar su dinero en asociaciones no controladas por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y que, por ende, debe ser la más obligada a estudiar este fenómeno delincuencial para advertir al público, de manera frecuente, a no confiar en esas asociaciones o grupos, sin omitir la acción legal correspondiente, antes que el fraude afecte a nuestras gentes. Este caso nos motiva para pedir que exista una sección especializada de la SSF para que monitoree constantemente si por las redes sociales se anuncian estas agrupaciones fraudulentas y avisar a las autoridades correspondientes.
Si hacemos memoria de otros casos que resultaron escandalosos en su tiempo, veremos que el patrón cultural es casi idéntico: los estafadores no son individuos que pertenezcan al común denominador de nuestra población. Casi siempre son personas con cierto nivel educativo superior, provenientes de familias con apellidos respetables o, muchas veces, ligados por lazos de afinidad a esas familias o personas con cierto rango de respeto nacional, como religiosos, políticos o profesionales reconocidos.
Ese parentesco, al parecer, es el mejor lubricante para realizar fácilmente su labor de acercamiento a la víctima, platicarle con datos ficticios, quizás con números halagadores sobre las ganancias de su “institución de ahorro” y otras argucias, tanto físicas como psicológicas, para que, finalmente el cliente caiga como en un “estado hipnótico” y suelte el dinero sin reparos, soñando en las promesas de que al poco tiempo, se lo reintegrarán con jugosos réditos …que se esfuman ante una dura realidad de fraude. El daño financiero también afecta moral y físicamente a las víctimas, pues no es tan fácil asimilar una situación donde, de la noche a la mañana, miles de dólares que guardaban a lo mejor en cuentas bancarias seguras, de pronto se quedan sin un centavo en ellas.
Desde mi juventud, siempre me he preguntado cómo esos individuos sin ningún asomo de ética, mucho menos de piedad, son capaces de apoderarse del capital ajeno, quedarse tranquilos y hasta riéndose de sus hazañas reprochables. Trabajando aún en la redacción de un periódico, me tocó cubrir en parte aquel famoso caso de Finsepro-Insepro, prácticamente muy fresco aún en la memoria popular, donde los periodistas nos dimos cuenta que varias víctimas que ya eran “adultos mayores”, cuando vieron fallidos sus esfuerzos de recuperar algo de lo “invertido”, enfermaron gravemente y fallecieron pronto.
Alguien me dijo y lo supe también en mi profesión psicológica, que una pena moral es muchas veces peor que recibir un balazo, sobre todo, cuando la preocupación por lo perdido irremediablemente, se vuelve un fenómeno obsesivo, que rápidamente termina con los mecanismos de defensa de las facultades psicológicas, llega el insomnio y la inapetencia por los alimentos, nerviosismo permanente, hasta orillar a la víctima al borde incluso del suicidio o convertirse en la antepuerta de un infarto cardíaco o derrame cerebral. En este nuevo caso, tal como lo ha publicado amplia y exclusivamente este respetable periódico, en principio, aparecen tres jóvenes, hijos de un reconocido hombre religioso. Espero que en este caso, actúe la justicia.