Algunos diputados están pidiendo agregar un nuevo Artículo a la “Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos” (LEDIC) porque estiman que es débil para regular la utilización de aquellas redes por personas o grupos de personas, que vulneran derechos o garantías constitucionalmente protegidas (honor, intimidad, imagen) mediante perfiles o identidades falsas y periódicos digitales que carecen de personas jurídicas o naturales que respalden legalmente su existencia.
En el Artículo “Redes Sociales y Política” (DEM, 13-OCT-2014) escribí: “Conviene decir que los “troles” son sujetos perversos e indeseables, asentados dentro o fuera del territorio, que publican mensajes provocadores, ofensivos y denigrantes por encargo de sus patrocinadores. Son responsables de hackear cuentas, difundir rumores e impulsar campañas grises o negras, a cambio de algún tipo de recompensa material de sus patronos, de igual o peor calaña”.
En el Artículo “Uso y abuso de las redes sociales” (DEM, 23-ENERO-2016) expuse: “Llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación de los delitos informáticos contribuirá a evitar los abusos en las redes sociales, preservar la confianza de los buenos usuarios del ciberespacio y mantener incólume la libre expresión ciudadana”.
No dejo de darles algo de razón a los diputados Mauricio Vargas y Nidia Díaz. “La libertad de expresión no está en cuestión. Sí, el anonimato, la mentira, la difamación, la manipulación con perfiles falsos, una nueva forma de difamar”, dice Vargas. “Lo que se busca es combatir la difamación y difusión de noticias falsas en redes sociales”, dice la jefa de fracción del FMLN.
Pero el problema de penalizar delitos contra el honor, en opinión de conocedores del derecho, tiene varios obstáculos. 1º) Va en contra de sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional. 2º) Reformas de este tipo podrían ser la puerta de entrada a futuras prohibiciones por la simple crítica a funcionarios públicos, especialmente nano políticos. 3º) Subyace el riesgo autoritario de atentar contra la libre expresión del pensamiento. 4º) Representa un grave retroceso democrático llegar a considerar como delito la sátira política, ingeniosa, creativa, con la que el hombre público debe aprender a convivir.
Para quienes escribimos y criticamos, muchas veces con dureza pero con respeto, sustento y constructivamente, dando la cara responsablemente, no debería existir temor alguno. Tampoco deberían sentirse amedrentados quienes hacen una sátira llena de humor político, algo que les guste o no a las “figuras públicas”, deberán aguantar porque voluntariamente decidieron serlo dentro de una democracia presuntamente eficaz.
Los diputados Vargas y Díaz tienen razón en cuanto a la parte oscura e injuriosa que anida en quienes al ofender, difamar, injuriar, calumniar e insultar groseramente desde el anonimato, utilizan perfiles falsos, convirtiendo a las redes sociales en un medio de comunicación indecente, ofensivo, bajero, especialmente cuando se trata de verter juicios políticos.
Quiero entender que es esa podredumbre de troles -y de sus jefes- lo que motiva a los diputados a impulsar una reforma a la LEDIC, pero deben saber que un troll o un troll center, además de estar integrado por personas anónimas, tendrá dentro de poquito a su Capo mayor investido de un gran poder político.
La reforma no prosperará. El contexto jurídico nacional y el contenido de acuerdos internacionales sobre libertad de expresión harán quedar mal a los diputados. Mejor deberían impulsar una fuertísima y sostenida campaña de concientización ciudadana de bloqueo a los nefastos perfiles falsos, cosa que también veo difícil por la terrible imagen que tienen nuestros diputados. Es más, la gente los odia. ¿O estoy mintiendo, estimado diputado Francis Zablah?