Durante la epidemia de Ébola en el 2014, se documentó que las coberturas en servicios rutinarios de salud como el control prenatal, planificación familiar, atención del parto y cuidados postparto disminuyeron substancialmente en un rango del 6 al 22 por ciento. Estudios cualitativos, durante esa epidemia señalaron al miedo de contraer la infección durante la visita a la clínica, desconfianza al sistema de salud, y los rumores acerca de la fuente de infección del virus, los principales motivos por los que la población se abstenía de visitar los centros de salud. En Taiwán, durante la epidemia de SARS en el 2003, los cuidados ambulatorios de salud disminuyeron en 24 por ciento. Con la pandemia del COVID-19, el paquete de intervenciones no farmacéuticas, y muy especialmente las medidas de distanciamiento social causaran estragos en la disponibilidad y utilización de servicios médicos.
Los gobiernos restringen los movimientos poblacionales al cerrar fronteras, reducir el transporte público, prohibiendo actividades no-esenciales, y ordenando a los ciudadanos a quedarse en casa. Este tipo de restricciones tiene un impacto económico desorbitante. El desempleo, perdida de salarios, incremento de precios en la canasta básica, sistemas sociales de protección colapsados, impondrán un peso mayor sobre las poblaciones más vulnerables, profundizando el riesgo de enfermedad y muerte por causas ajenas al COVID. Similarmente, las restricciones de movimiento afectaran indudablemente el acceso de la población a los servicios de salud.
Un estudio publicado en la revista Lancet durante la segunda semana de mayo en este año, y realizado por la universidad John Hopkins, en Baltimore, estima que la malnutrición aguda en niños menores de 5 años aumentara un 50% en un periodo de 6 meses. La malnutrición aguda aunado a la falta de cobertura de los servicios rutinarios de salud, resultaran en 1,157,000 muertes adicionales en niños menores de 5 años a nivel mundial.
En la región de Centroamérica, el estudio estima que 10,320 niños morirán en exceso y como causa indirecta de la epidemia. El país de la región más afectado será Guatemala, donde 3,000 niños podrían morir a causa de las medidas para contener la epidemia, y el menos afectado Costa Rica con 240 muertes adicionales. Nuestro país, El Salvador, de acuerdo con estas estimaciones se producirán 1,200 muertes adicionales por año en los menores de 5 años.
Otro sector poblacional que será afectado será el de las mujeres embarazadas, y no por el virus, sino por su medicina. Ampliamente ha sido documentado que, durante el embarazo, el virus nos impone peligros adicionales. Pero si los mismos factores sociales y económicos impuestos por la medicina contra el virus. Se estima que globalmente se producirán, a nivel global, en un periodo de 6 meses, 12, 200 muertes maternas adicionales, por la falta de acceso y disponibilidad a los servicios de salud maternos rutinarios. Por supuesto estos estimados son influenciados por la duración e intensidad de las medidas de distanciamiento social impuestas por los gobiernos.
Las decisiones son bastante difíciles, pero estas tienen que tomar en cuenta factores adicionales, ya que la imposición de la medicina para protegernos del virus no viene sin efectos colaterales fuertes. No vaya a pasar que los muertos fueron más por la medicina que por la enfermedad. El virus, en general respeta a los niños y a sus madres, pero su medicina no.