Los próximos cien días serán la clave del futuro nacional…en poco más de tres meses, deberá elegirse a los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas y a dos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública; se podrá contar con evidencia sobre el éxito o el fracaso de la administración en el manejo de la pandemia, en la contención del brote de langosta que amenaza los cultivos y, por lo tanto, la seguridad alimentaria, y dará inicio formal la contienda electoral que culminará en febrero del próximo año con la elección de alcaldes y diputados.
Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa se decidirá sobre la ratificación de más préstamos internacionales, se procederá en menos de dos semanas a la interpelación del Ministro de la Defensa Nacional, responsable operativo de la toma militar del parlamento el pasado 9 de febrero. Seguramente se va a postergar algunas votaciones como la Ley del Agua o la de Reconciliación Nacional, mientras se apresure otras, todo dependiendo del pulso electoral y de las mayorías que puedan construirse producto de la negociación interna.
Pero lo que más preocupa de todos estos asuntos no es su evidente complejidad o las consecuencias de los mismos, es que la sociedad salvadoreña y mucho menos las instituciones que la representan parecen estar a la altura de los retos que se perfilan sobre la vida y el futuro de todos.
Solo veamos el triste espectáculo de polarización política generalizada, la falta de capacidad para dialogar y alcanzar acuerdos entre las cúpulas de los partidos políticos y la generalizada ilegalidad con la que se actúa de un tiempo para acá, sin que las instituciones contraloras sean capaces de anteponer sus respectivos mandatos a la discrecionalidad de funcionarios, o a la impunidad de particulares, cada vez más virulentos, cada vez más dispuestos a negar los derechos de otros.
A este ritmo, cuando el país enfrenta una de las peores crisis en la historia, los cien días que comenzaron hoy, finalizadas las “vacaciones” agostinas, serán el escenario de la recuperación o del fracaso nacional. O se logran acuerdos que tengan como prioridad el bien común, o se consolida el modelo autoritario que desde el Órgano Ejecutivo amenaza con dar al traste con lo poco que nos quedaba tras los Acuerdos de Paz.
La utopía de un Estado Constitucional de Derecho, tan prometedora al finalizar la guerra, en el que prevaleciera la separación de poderes, la supremacía constitucional, el respeto a los derechos humanos y la existencia de cauces destinados a defenderlos, parece ser una llama muy cerca de apagarse, tan fuerte ha sido el ventarrón autoritario que la amenaza y tan pocos los ciudadanos dispuestos a protegerla.
Así las cosas, lo único que los ciudadanos sí podemos hacer es mantenernos en una vigilancia activa sobre lo que ocurre en las principales sedes del poder, pues enfrentados o no, dialogando o peleando, todos los órganos del Estado siguen ejerciendo un poder delegado que nos pertenece, del que muy poco nos ocupamos si no es mediante el ejercicio del sufragio activo el día de las elecciones.
Estos cien días requieren ir más allá, se necesita del escrutinio ciudadano del gasto público, denunciando el uso de fondos estatales en campañas electorales, como se ha hecho siempre; también se requiere de una mirada y mente crítica ante cualquier mensaje triunfalista que desde el gobierno o desde la oposición pretenda pintarnos un cuadro de logros que no encaje con la realidad.
A lo anterior, se suma la importancia de hacer escuchar nuestra voz y de respetar la de los demás, no dejarnos empujar a un enfrentamiento que no va a llevarnos a nada, que ya tuvo su prueba de fuego en los años 80 y que, luego de tanto sufrimiento causado, demostró que los salvadoreños somos mejores cuando nos entendemos, cuando dialogamos y abandonamos las armas, reales o ideológicas, con la que sectores interesados pretenden dotarnos mientras se enriquecen del poder. Cien días tenemos por delante, cien oportunidades de hacer mejor al país.