El IAIP fue una institución fundamental para destapar la corrupción de las administraciones Saca y Funes luego que fallara a favor de demandas de ciudadanos que exigían revelar los informes de Probidad que la Corte Suprema de Justicia tenía sobre ellos. A partir de ahí se vino una serie de investigaciones de la Fiscalía General de la República que han llevado a ambos expresidentes a los procesos judiciales en los que están.
Pero de ese IAIP valiente y decidido a contribuir a la transparencia pública, muy poco queda. Ahora sus comisionados hasta prohíben grabar sus sesiones y han encargado una auditoría para determinar si tienen “filtraciones”. En otras palabras, la transparencia queda en segundo plano.
La institucionalidad democrática ha ido en deterioro en el país y el IAIP y todo el sistema de acceso a la información es una muestra de esto. Es un retroceso que le costará mucho al país y habrá que preguntarse qué compromisos tienen los comisionados con cumplir la ley.
Si ya es cuestionable el papel del Tribunal de Ética o de la Corte de Cuentas o el repentino retroceso que ha tenido la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, es dramático pensar que el IAIP pasará a ser otra institución intrascendente que servirá para ocupar un puesto formal pero que no tendrá mayor utilidad ni beneficio para la ciudadanía.