El expresidente salvadoreño es acusado de haber recibido $513,000 en sobresueldos mientras fungió como vicepresidente en el gobierno de Mauricio Funes. /AFP, Archivo.


El gobierno venezolano denunció este domingo una "persecución judicial sin precedentes" contra el expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, sobre quien pesa una orden de captura en su contra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El mensaje fue publicado hoy por el Minsiterio de Exteriores del país sudamericano.
Venezuela manifiesta su solidaridad con el ex presidente de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén y un grupo importante de ex funcionarios de su gobierno militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), víctimas de una persecución judicial sin presedentes". Ministerio de Exteriores.

La fiscalía general salvadoreña ordenó la semana pasada la captura del expresidente izquierdista (2014-1019) en un caso sobre el desfalco de fondos estatales.

En concreto, se le acusa de haber recibido sobresueldos por $513,000 durante el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), de la exguerrilla FMLN. En aquella época Sánchez Cerén era vicepresidente.

Las autoridades salvadoreñas detuvieron igualmente la semana pasada a cinco exministros y exviceministros de Funes; girando orden de captura para un total de 10 exfuncionarios.

Los gobiernos del FMLN mantuvieron una relación muy estrecha con Maduro, en particular Sánchez Cerén, a quien el mandatario calificó como "uno de los dirigentes más relevantes en la historia política de la nación" centroamericana, según el comunicado.

Sánchez Cerén mantuvo una relación cercana con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. /Foto: Archivo DEM.


De acuerdo con la prensa salvadoreña, Sánchez Cerén se encuentra en Nicaragua, al igual que Funes, que también es solicitado por la justicia.

El presidente Nayib Bukele --que tras llegar al poder en 2019 rompió con tres décadas de alternancia en el poder del FMLN y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha)- reemplazó en mayo al fiscal general, quien reactivó investigaciones por corrupción contra gobiernos anteriores.