Cuando la Fiscalía General de la República judicializó el hecho, acusó al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz del delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada, pero en la audiencia inicial, la Cámara Primera de lo Penal quitó el agravante y dejó libre con medidas al magistrado.

La Fiscalía apeló las medidas y el 30 de agosto de 2019, la Sala de lo Penal modificó la resolución e impuso un arresto domiciliar; pero la defensa del magistrado Escalante presentó un recurso de revocatoria y eso permitió que el imputado siguiera libre.

Sin embargo, la Sala de lo Penal declaró no ha lugar dicha revocatoria y mandó el proceso a la Cámara Primera de lo Penal, para que ordenara a la Policía Nacional Civil poner guardia en la casa de Escalante. La Policía recibió el escrito el 7 de noviembre y lo hizo efectivo el siguiente día en la noche, luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, lo divulgara a través de su red social, Twitter.