Primero, un caso de una jueza Especializada de Sentencia para un Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres que condena a un sujeto a 20 años de cárcel por el intento de feminicidio de su expareja, pero decide mantenerlo en libertad durante dos semanas, hasta que la sentencia esté escrita. Este extraño favorecimiento de libertad claramente fomentará que ese sujeto simplemente no aparezca para cumplir su condena y además pone en un enorme riesgo a la víctima. No parece haber ninguna explicación lógica para semejante decisión.
Luego resulta preocupante que después de más de tres años de esperar justicia en el caso de la agente Carla Ayala, el querellante, Arnau Baulenas, advirtió que hay rumores de “fuertes presiones” al interior de la corporación policial para impedir que los policías testigos se presenten a declarar en el juicio. De ser así, esto sería terrible para un caso que es icono de la impunidad de malos policías.
Y finalmente es preocupante que el expresidente Antonio Saca haya logrado un cómputo acelerado de su condena y se anuncie que saldrá libre en octubre del próximo año después de confesar públicamente que malversó 300 millones de dólares de dineros públicos.
Siemplemente un sistema de justicia serio, confiable, justo, no se puede permitir este tipo de cosas.