¿A quién beneficia el escándalo, pues aún no alcanza niveles de epidemia ni mucho menos de pandemia, la aparición del coronavirus en la provincia de Wuhan, en China?
Veamos. Si hemos estado al tanto de los movimientos de la política interna de los Estados Unidos, comprobamos que si a alguien puede resultar propicio para sus intereses políticos es al principal candidato a la presidencia el actual mandatario Donald Trump, envuelto desde más de dos años en un feudo comercial con China Continental.
En primer lugar, no hace falta ir muy lejos para comprender que la actual histeria viriótica, es mucho más eficiente para dislocar el comercio entre Estados Unidos y China, que la aplicación del 25 % de aumento a los aranceles de importación del acero chino, en beneficio de los intereses estadounidenses.
Cabe analizar que el número de casos de contagio, comprobados, más alrededor de dos centenares de muertes por la misma causa, poco abultan al compararlos con los más de mil millones de chinos sumados a la población mundial, no significan ni una gota de tinta negra, vertida para cambiar el color del Océano Pacífico.
Sólo hasta el viernes 31 de enero, a las 19:16, habían nacido más de 38 mil 600 chinos y la cifra sigue creciendo en forma sostenida, a razón, a casi, de un chino por segundo. Estadísticamente, la cifra no alcanza ni por asomo, niveles de pandemia. Hay mayor número de casos de los que ya nadie habla, como se hizo en algún momento: el ébola, gripe aviar asiática, Sida, vacas-locas, H1N1, Flu, etc... los cuales, tal parece, ya no constituyen una amenaza para la humanidad, lo que podría reducir la alarma del coronavirus a una cortina de humo que favorece económica y políticamente a Estados Unidos, en particular a Trump de cara su reelección para un segundo período en la Casa Blanca.
Aunque en menor escala en El Salvador, tenemos nuestras propias epidemias, por lo menos en el ámbito político, que acaparan la atención popular: los procesos iniciados para desaforar, a Norman Quijano y procesar a Ernesto Muyshondt, ambos por presuntos pactos con las pandillas locales.
Lo anterior se suma al juicio iniciado contra Sigfrido Reyes por supuesto lavado de dinero desde los cargos que ostentó durante las administraciones comunistas del FMLN. Por otra parte, suma y sigue, la fetidez y el irregular suministro del agua que la Anda sirve a las comunidades, con el agravante de la rebeldía del presidente del ente autónomo, Frederick Benítez, de responder a los cuestionamientos constitucionales de la Asamblea Legislativa, y otros pecadillos de la burocracia, como el silencio de los diputados sobre las reformas a la ley del sistema de pensiones; la instrumentalización del Ministerio Público, para promover purgas políticas.
El ciudadano corriente percibe que todas estas actuaciones son parte de una maniobra global del Ejecutivo a la que se suma la actitud de la Fiscalía General de incluir en procesos jurídicos casos de competencia en la representación de los intereses del Estado y de la sociedad misma.
Con respecto a la privatización del agua, la experiencia demuestra que si la administración del agua es deficiente, carente de contraloría específica, ¿por qué no poner a prueba una administración privada o mixta, gobierno y empresa privada, para mejorar lo que persiste como maldición burocrática para un país entero?