Entre empujones e insultos, Fabiola obligó a Marcela a caminar por varios minutos hasta su casa, ubicada en el cantón Monteca, del municipio de Nueva Esparta, departamento de La Unión, al oriente del país. Ahí la mantuvo cautiva durante toda la noche, bajo amenazas, incluso cuando su madre llegó a buscarla.
“¡Déjeme entrar!, ¡yo vi que la llevaba!...”, exigió María, madre de Marcela, sin éxito. “Yo no me la llevé, aquí no está”, le dijo Fabiola, respaldada por ambos soldados. Los dos militares negaron siquiera conocer a su hija.
Unos minutos antes, María había visto de lejos cómo se llevaron a Marcela, la menor de sus hijas. Al principio creyó que había salido al baño, ubicado al exterior de la vivienda, pero luego, con la luz de la luna, vio las siluetas difusas de tres personas más, incluyendo a Fabiola.
Le pareció extraña la presencia de “dos hombres vestidos de militares”, y habría ido tras ellos de no ser porque cargaba a una bebé de 17 meses en sus brazos. Era su nieta, hija de Marcela.
María prefirió llamar a la policía y pedir ayuda para rescatar a su hija, e incluso reveló quién se la había llevado. La persona que respondió, sin embargo, dijo que “en ese momento no habían personas disponibles”.
Así lo dijo María en su testimonio, recogido en la sentencia pública del juicio por el caso de Marcela, emitida en junio de 2018 para castigar el delito de trata de personas agravada en perjuicio de su hija.
Al llegar a la casa de Fabiola a eso de las 7:30 p.m., su hija ya estaba encerrada en una habitación.
“No salgás pendeja. Si salís del cuarto te voy a matar”,la amenazó Fabiola. Marcela se quedó callada y decidió esperar en la habitación hasta que se quedó dormida.
Al día siguiente, a las 4:30 de la madrugada, Fabiola volvió a obligarla a salir. Esta vez, con rumbo a San Miguel, específicamente a un hotel ubicado en el barrio La Cruz, a unos seis minutos de la terminal de buses de ese municipio.
Fabiola pagó una habitación con un valor de $10 y la obligó a entrar. Ahí, aproximadamente a las 12 del mediodía, llegó Héctor, un sargento de 32 años de edad que pretendía a Marcela desde hace meses. “Vas a tener que irte con él”, le dijo a Marcela.
La adolescente se negó y trató de salir del cuarto, pero Fabiola la empujó y la encerró con llave. Pasaron solo unos minutos más para que Héctor entrara a la habitación y la forzara a tener relaciones sexuales con él en dos ocasiones esa misma noche.
Durante la mañana, el militar ya se había marchado. Dejó a la menor a cargo de Fabiola una vez más, quien la llevó de regreso a su casa, en La Unión, manteniéndola cautiva. Aún le quedaba un día completo para poder escapar.
La joven aseguró que ya conocía al sargento de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), destacado en la base militar de Monteca, Nueva Esparta. Fue la misma Fabiola quien los había presentado desde hace más de seis meses, y la responsable de darle el número de teléfono de la menor para que la acosara con mensajes y llamadas.
Tiempo atrás, en abril de 2015, Héctor le pidió a Marcela que fuera su ‘novia’. Aunque ella lo rechazó al inicio diciendo que “lo pensaría”, finalmente aceptó. Fabiola fue quien les prestó su casa, al menos en cinco ocasiones, para encontrarse y mantener relaciones sexuales. Su ‘noviazgo’, sin embargo, había terminado después que la menor se enteró de que el militar tenía su propia familia, un hijo y una esposa embarazada.
300 víctimas de trata.
El juez del Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel declaró culpables a Fabiola y a Héctor por el delito de trata de personas agravada, en grado de coautores. Actualmente cumplen una condena de 16 años de prisión, y se les ordenó pagar $300 cada uno en concepto de responsabilidad civil.
Esta sentencia es una de las 10 que se lograron por el delito de trata de personas en El Salvador durante 2018. Ese mismo año, más de 29 casos, algunos aún sin resolver, empezaron a ser procesados en el sistema judicial.
La jefa de la Unidad Especializada de Trata de Personas de la fiscalía, Violeta Olivares, aseguró a Diario El Mundo que, solo en los últimos cinco años, entre 2016 y 2020, El Salvador registra más de 261 casos de trata de personas, pero las víctimas individualizadas de este flagelo superan las 300 personas, en su mayoría, mujeres menores de edad.
Solo en 2020, según reporta el Ministerio Público, se registraron un total de 40 casos de trata de personas; una reducción del 50 % en relación a 2019, cuando la Fiscalía reportó 80 casos.
Esta disminución, sin embargo, no responde necesariamente a la desarticulación de redes de trata: Olivares indicó que durante la pandemia, debido al confinamiento, estos grupos delictivos cambiaron su enfoque.
La pandemia alteró las redes de trata.
Al cierre del 2020, la Fiscalía contabilizó 40 casos de trata de personas de los que 17 fueron cometidos durante la emergencia sanitaria por el covid-19. De acuerdo con la jefa de la Unidad especial de trata, la cuarentena impuesta por el Gobierno el año pasado no detuvo al crimen organizado para continuar engañando a las víctimas de trata.
“Fue un año atípico por la pandemia. Disminuyeron los casos abiertos, pero no disminuyeron porque se dejaron de cometer durante la pandemia, siguió el tráfico, siguió la trata pero con diferentes modalidades (...) Como estábamos en una situación de encierro para salvaguardar la vida de las personas, ellos también garantizaron otras formas para garantizar la entrega de servicios”, expuso Olivares a este rotativo.
¿Cómo reclutan a las víctimas?
Para el reclutamiento de sus víctimas, las redes de trata hacen uso de diversos medios, como redes sociales y mensajería instantánea, para acercarse a víctimas en rangos de niñez y adolescencia.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República, más de la mitad de las víctimas de trata son menores de edad.
“Muchas veces se hacen valer de situaciones engañosas como amistades en redes sociales, ofertas engañosas de trabajo en redes, rótulos en negocios, periódicos, y las víctimas son sometidas al llegar por el uso de la fuerza a situaciones de explotación”, acotó Olivares.
En El Salvador un 95 % de casos de trata de personas son perpetrados en la modalidad de explotación sexual, pero en la Unidad Especializada han detectado que los grupos criminales utilizan otras variantes de trata que corresponden a “trabajo forzado, matrimonio forzado, uniones maritales forzadas, casos de servidumbre, la comercialización de material pornográfico de víctimas”, explicó Olivares.
Víctimas de trata: entre la culpa y el silencio.
Identificar a una víctima de trata de personas es cada vez más complejo, de acuerdo con la jefa de la Unidad especial que vigila este delito en la Fiscalía. Las víctimas no denuncian este ilícito por causales como la culpa, el temor y hasta el desconocimiento: “muchas no se identifican a sí mismas como víctimas”, explicó Olivares.
Esta descripción coincide con el examen que realizó Yanci Carolina García, perito de la junta de Protección de la Niñez y Adolescencia de La Unión en el caso de Marcela, quien al momento de ser entrevistada manifestó un “sentimiento de culpa”, por haber sido expuesta al abuso sexual.
La Policía Nacional Civil (PNC) encontró a Marcela, tres días después de haberse reportado como desaparecida, en la casa de la abuela de Fabiola. Sin embargo, la menor se rehusó a irse con su madre: el sentimiento de culpa la invadió y creyó que sería castigada.
Marcela pasó 14 días más en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA), del departamento de San Miguel, presa del temor.
De hecho, ella ni siquiera denunció el hecho a las autoridades: fue un trabajador social del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) del departamento de La Unión, quien hizo llegar el caso hasta la fiscalía.
Las respuestas confusas de la menor al aceptar una relación sentimental y luego ser agredida, según determinó el examen de la perito, responden a un cuadro de baja autoestima, abuso y sumisión: “cuando una persona hace lo que yo le pido sin tratar de defenderse, basado en la educación o cultura que uno tiene”, definió García.
La vida de Marcela estuvo marcada por el abuso. Desde pequeña, según la experta, la menor tenía un “desfase sociocultural” que la volvió aún más influenciable.
Como no luchó por defenderse de su agresor, además, desarrolló un sentimiento de culpa que le impidió seguir con sus estudios, quedándose en el quinto grado de educación básica. Ahora, se dedica a labores de limpieza y vive junto a su madre, de las remesas que envían sus hermanos desde Estados Unidos.
Esta es la primera entrega de una serie de investigaciones elaboradas con el apoyo de International Women's Media Foundation (IWMF).