El diputado de Cambio Democrático (CD), Juan José Martel, se vio obligado hoy a retractarse de sus críticas a la Ley de Probidad y a sus justificaciones para no presentar su declaración patrimonial.
"Ningún funcionarios público esta por encima de ninguna ley y mucho menos de una que previene la corrupción, pido una disculpa publica por no haber presentado mi declaración patrimonial y por las declaraciones que di ayer; Asumo el compromiso de presentarla en los próximos días", escribió Martel en su cuenta de Twitter, tras una ola de críticas, incluso de su propio partido por sus desafiantes palabras del miércoles.
Ningún funcionario público esta por encima de ninguna ley y mucho menos de una que previene la corrupción, pido una disculpa publica por no haber presentado mi declaración patrimonial y por las declaraciones que di ayer; Asumo el compromiso de presentarla en los próximos días.
— Juan José Martel (@juanjmartel) October 10, 2019
Martel es uno de los 13 diputados que no presentaron la declaración patrimonial de toma de posesión de la legislatura 2018-2021 y el miércoles calificó las declaraciones patrimoniales como “métodos obsoletos que no combaten la corrupción” y que “contribuyen a la impunidad”.
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“No tengo mucho qué declarar, los puedo invitar a mi casa, pueden conocer mis bienes, lo más preciado que tengo son mis libros, con gusto está a la orden, estos son métodos viejos de una ley de 1959, que ya no tiene sentido”, afirmó entonces.
Martel señaló que esta es “una institución que maneja esas declaraciones a criterio propio y elige casi por sorteo o por órdenes a quiénes van a afectar o no”.
Las redes sociales reaccionaron criticando a Martel por sus palabras y uno de los directivos de su partido, Aldo Álvarez, pareció referirse al diputado, al escribir que "Más allá de si nos guste lo mandatado por la Ley, las obligaciones que por Ley emanan, deben cumplirse, sin importar que tan desfasadas o ineficaces puedan parecer ser. La Ley siempre se cumple, principio del Estado de Derecho".
La Sección de Probidad ha hecho auditorías patrimoniales a docenas de funcionarios lo que ha llevado a procesos por enriquecimiento ilícito contra dos expresidentes de la República, un expresidente de la Asamblea, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia y otros funcionarios y diputados, incluyendo a Douglas Avilés, quien fue diputado del CD.