El 20 de mayo, antes de los seis meses de gobierno, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cumplió con presentar el “Programa de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y México” para contribuir con la prevención del acentuado y grave fenómeno migratorio en el Triángulo Norte y sur de México, encomendado a la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).

El propósito del programa es enfrentar las causas estructurales de la migración, hasta lograr que ésta sea una opción segura, ordenada y regular, y no una obligación producto de la injusticia y la falta de oportunidades. La iniciativa es resultado del acuerdo entre estas naciones, reflejada en la declaración política conjunta firmada por los mandatarios el pasado 1 de diciembre, en ocasión de la asunción del presidente mexicano.

La propuesta y diagnóstico de las causas que originan la crisis y sus recomendaciones fueron expuestas por la señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL y disponible en su página electrónica. Resulta necesario entender este complejo problema: fallas estructurales que motivan la emigración en razón del insuficiente crecimiento económico, profundas desigualdades, alto crecimiento demográfico y marginal resumido en estrechas y precarias urbes; graves sequías o inundaciones producto de la depredación e inadecuado manejo ambiental, así como del cambio climático que alteran sensiblemente el patrón de cosechas, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. A esto se suma un grave fenómeno de violencia considerado mayor al de regiones como el Medio Oriente.

Este abanico incide en la decisión de miles para migrar, abandonando sus lugares de origen bajo cuya dolorosa decisión está la falta de empleo, ausencia de esperanza y de reales oportunidades, bajos ingresos familiares, violencia e inseguridad en las comunidades y, en muchísimos casos, la legítima necesidad de la reunificación familiar.

Entre otras novedades, la iniciativa propone un enfoque diametralmente diferente en prevención, privilegia la seguridad humana desde los derechos alcanzables mediante la cooperación para el desarrollo en los lugares de origen y que se concreta en la creación de un fondo de inversión para fortalecer la educación, salud, vivienda y pensiones; enfrentar la vulnerabilidad ambiental con una mejor gestión de riesgo y resguardo a la biodiversidad; así como mayor eficiencia productiva y apoyo a la agroecología.

Este enfoque reconoce que la gente migra por sufrimiento y necesidad, oponiéndose al enfrentamiento de la migración con violencia, fuerza militar, policial, muros, armamento y represión, tal como lo ejecuta la administración Trump, estimulada por tanques de pensamiento ultraconservadores como la Fundación Heritage.

La historia demuestra que mediante la violencia es imposible contener el flujo migratorio de miles que huyen de la violencia misma, motivados por el ferviente deseo del acceso al empleo en aquel rico país del norte que remunera en más de diez veces al promedio del salario mínimo regional, incluso sin la exigencia de una drástica calificación de escolaridad y destrezas; siendo aún más incontenible el poderoso móvil de la reunificación familiar.

Según el acuerdo firmado, en el ámbito económico, se propone: hacer del Triángulo Norte y sur de México un espacio de integración comercial y productiva que aporte una mayor cadena de valor; interconexión energética que incluye infraestructura eléctrica que llevaría adosada la integración digital y una ruta de gasoducto, bajo el supuesto de abaratar los costos; una movilidad logística que incluye una ferrovía y la modernización; así como tecnología y ampliación del sistema de aduanas, superando el histórico problema de enmarañados procedimientos que dificultan exportar desde Centroamérica a México.

En lo financiero, esta zona tiene en común el alto flujo de remesas por lo que plantea bancarizarlas, bajar los costos de transacción de remesas y facilitar inversiones en negocios, empresas y cajas de ahorro.

El éxito de esta iniciativa, para ejecutar en diez años, dependerá de la capacidad de cohesión e integración de los cuatro países, del esfuerzo común por mostrarse unidos; de la habilidad diplomática de persuadir y convencer a Estados Unidos y Canadá para establecer un fondo común que resulta más efectivo, barato, sostenible y duradero, que la costosa e infructuosa senda confrontativa del muro, represión y violencia.

Por supuesto, esta ruta exige de un empresariado salvadoreño que adopte claros compromisos en una agenda concertada para fortalecer la inversión social y el crecimiento económico y una visión diplomática soberana del nuevo gobierno salvadoreño, que hasta ahora ilusamente ha creído que congraciándose puede alcanzar pequeñas concesiones unilaterales a la administración Trump.