Los salvadoreños mayores de 60 años, mujeres en estado de embarazo, puerperio y lactancia exclusiva, o personas con enfermedades crónicas, podrán resguardarse en sus lugares de domicilio para evitar contagiarse de COVID-19, sin que sufran consecuencias laborales.

Así quedaría el artículo 14 de la “Ley especial transitoria de atención integral a la vida y la salud, declaratoria de emergencia en relación a la pandemia por COVID-19 y de reapertura de la economía”, de acuerdo al preacuerdo logrado esta mañana en la reunión de Comisión Política de la Asamblea Legislativa junto a representantes del Órgano Ejecutivo.

Sin embargo, el personal de salud quedaría excluido. Al final, al artículo se le agregó que las personas mayores de 60 años que prestan su servicio relacionadas con la pandemia “deberán prestar su servicio a juicio del titular de la institución, procurando resguardar su salud”.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, observó en la discusión que si el artículo se dejaba sin ese cambio el sistema se quedaría sin personal de salud, por lo que pidió agregar esa excepción. En un inicio, el diputado Carlos Reyes, de Arena, respondió que eso sería discriminar.

El diputado Rodolfo Parker (PDC) coincidió con la propuesta del Ministerio de Salud y propuso una redacción para que el personal no quedara exonerado en cumplimiento con su deber. Parker también sugirió que las personas mayores tengan libertad de poder salir a hacer ejercicios pero la sugerencia no tuvo eco.

Antonio Almendáriz (PCN) observó que el artículo es potestativo porque dice “podrán”, pero el ministro observó que la facultad de quedarse en su residencia es para la persona, no para el Gobierno.

El secretario privado presidencial, Ernesto Castro, señaló que la disposición ha dado problema y se han tenido muchos reclamos.

Esta mañana continuó el diálogo para crear una ley que regule la última cuarentena domiciliar y la emergencia nacional antes de la reapertura económica gradual. El Gobierno y los diputados no han logrado acuerdo en el plazo de vigencia de la emergencia y la cuarentena domiciliar.

Para lograr acuerdos, el presidente legislativo, Mario Ponce, anunció que para lograr acuerdos en los puntos más difíciles realizarán reuniones "bilaterales". Este tipo de reuniones no son públicas.

Además del plazo, los puntos de mayor discordia son: que laboratorios privados puedan importar y aplicar pruebas de COVID-19, la declaración epidémica de todo el país o solo de porciones y si las personas que hayan incumplido el resguardo domiciliar serán incluidos entre las personas que serán enviadas a cuarentena en un centro de contención.

A esas diferencias, se sumó hoy el plazo para aplicar pruebas de COVID-19 a los salvadoreños que regresen al país luego de estar varados por el cierre aeroportuario y la plena vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública durante la cuarentena domiciliar.