Interpol dice que no puede dar la ubicación de Reyes. / DEM


El expresidente de la Asamblea Legislativa, Othón Sigfrido Reyes Morales, no podrá ser extraditado a El Salvador porque México le otorgó asilo político.

Un informe proporcionado ayer por el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador detalla que el pasado 6 de marzo, la Oficina Central Nacional (OCN) de la Policía Internacional (Interpol), con sede en San Salvador, le confirmó que el exfuncionario está asilado en México.

Interpol El Salvador le explica al juez que su homóloga “sus leyes no pueden proporcionar mayor información apegado a los artículos 5, Fracción 10, 23 y 60 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, de la República de México”.

Ni siquiera han podido ubicar la dirección exacta de la ciudad en la que el exfuncionario reside. El trámite común que se sigue cuando un prófugo tiene orden de captura internacional es ubicarlo para detenerlo, mientras el país que lo reclama envía toda la información del expediente.

Además de Reyes Morales tienen calidad de prófugo con orden de captura: Byron Enrique Larrazábal Arévalo, Karla Beatriz Recinos Ramírez y Earle René Reyes Morales.

El Ministerio Público señala que entre los cuatro prófugos, junto al hijo y esposa de Larrazábal Arévalo, habrían blanqueado más de $6.5 millones, con la participación de los otros ocho imputados, quienes con su accionar delictivo supuestamente contribuyeron para que se cometiera el lavado de dinero.

 

Nuevo juez

En otra resolución del mismo caso, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador admitió la excusa que presentó el juez Quinto de Instrucción, Edward Sidney Blanco, para separarse del proceso, porque cuando fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció una investigación relacionada a Sigfrido Reyes, ya que fue nombrado Coordinador de la Comisión de Ética y Probidad.

La Cámara ordenó que el expediente sea enviado al Juzgado Sexto de Instrucción de la capital para que la segunda etapa procesal sea llevada por el juez Roberto Arévalo Ortuño y regule las diligencias útiles que se realizarán en la etapa de investigación hasta que la Fiscalía presente el dictamen.