Durante la presentación del informe denominado “Políticas de Estado, desplazamiento forzado y migración”, el coordinador del Eje Democracia de Heinrich Böll Stiftung en El Salvador, Marco Pérez, explicó que las políticas fallaron porque no fueron implementadas por las autoridades para garantizar condiciones de vida digna y el respeto a los derechos humanos.
Pérez aseguró que todas las políticas fueron diseñadas para reprimir el delito, pero dicha represión debería ser equitativa en distribución de justicia en todos los estratos sociales para recuperar el tejido social e implementar planes de seguridad integrales y detener los círculos de violencia.
Para el gerente de influencia y campañas Oxfam en el país, Iris Martínez, las políticas públicas deben contribuir al desarrollo de la población en el ámbito económico y social para evitar la migración y el desplazamiento forzado interno. Por su parte, el director de Alianza Américas, Óscar Chacón, dijo que las políticas actuales son obsoletas y deben actualizarse.
El informe señala que antes de finalizar el gobierno del expresidente fallecido Francisco Flores (1999-2004) implementó el plan “Mano Dura” que fue la primera política pública contra las pandillas como una respuesta a la violencia homicida y aprobaron la ley antimaras que tuvo vigencia 180 días.
Después de su derogatoria, la Asamblea Legislativa aprobó la ley para el combate de actividades delincuenciales de grupos o asociaciones ilícitas especiales. Durante ese quinquenio se había priorizado la prevención social pero tras los terremotos y la dolarización de la economía, el país se enfocó en la reconstrucción y emergencia.
En el mandato de Antonio Saca (2004-2009) retomó el plan de su antecesor pero lo llamó “Súper mano dura” que se enfocó en las capturas masivas de supuestos mareros y la promulgación de penas largas.
En el primer gobierno del FMLN, presidido por Mauricio Funes (2009-2014) implementó la política nacional de justicia y convivencia, pero durante su gestión destacó la denominada tregua entre pandillas donde disminuyó hasta 54 % la violencia homicida, pero aumentaron las denuncias por personas desaparecidas.
Mientras que la gestión de Salvador Sánchez se implementó el plan El Salvador Seguro, crearon un impuesto de contribución especial para seguridad para fortalecer instituciones y entraron en vigencia las medidas extraordinarias de seguridad.
