Jaime López
La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador avaló este martes que la Asamblea Legislativa de El Salvador haya desaforado al diputado por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano para que fuera procesado por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, en hechos supuestamente ocurridos en el contexto de las elecciones presidenciales de 2014.

Quijano es acusado de pactar con la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18 para que ellos, sus familias y sus vecinos votaran por él en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de marzo de 2014.

La audiencia inicial contra el diputado Quijano inició este martes 18 de enero, con la petición de sus abogados defensores a la Cámara, de anular la acusación que se había entablado contra su defendido por haberse emprendido una acción penal ilegal.

El abogado Lisandro Quintanilla afirmó que la Asamblea Legislativa de El Salvador no tenía la competencia legal de levantarle la inmunidad al diputado Quijano, pues desde el 28 de febrero que resultó electo candidato a diputado por el partido ARENA para el Parlacen, era ese organismo regional el facultado para hacerlo.

La Fiscalía alegó que la Constitución de El Salvador no otorga esa facultad a ningún organismo regional y que todo funcionario de gobierno o diputado que cometa delito, es una atribución de la Asamblea Legislativa someterlo a un proceso de antejuicio y de encontrar indicios suficientes en su contra, ser entregado a los tribunales competentes para su juzgamiento.

Los magistrados de la Cámara Primero de lo Penal se tomaron su tiempo para revisar toda la fundamentación legal y la jurisprudencia establecida para contestar la solicitud de la defensa y al final de varios minutos de deliberaciones; resolvieron que por supremacía de la Constitución de El Salvador, la Asamblea Legislativa estaba facultada para desaforar al diputado y rechazó la solicitud de anulación de la acción penal contra Quijano González.

A partir de ese momento, iniciaron los alegatos tanto de la Fiscalía como de los abogados en torno al caso contra el diputado Quijano. En sus alegatos, la Fiscalía acusó al diputado Quijano de haber sostenido en marzo de 2014 una reunión en una iglesia situada en la colonia Flor Blanca en San Salvador con líderes de la Mara Salvatrucha, barrio
18 Sureños y Revolucionarios
para ofrecerles $100 millones del Presupuesto General de la Nación y que serían invertidos en ellos en programas de reinserción social y rehabilitación, a cambio de que ellos votaran por él en la segunda vuelta.

Además, entregó a través de sus colaboradores $100,000 a los tres grupos de pandillas: $50,000 a la Mara Salvatrucha, $25,000 a la pandilla 18 Sureños e igual suma para los del grupo revolucionarios.

Para la Fiscalía, con esas acciones, el diputado Quijano González estaba contribuyendo a la integración y permanencia en el tiempo de los grupos de pandillas y eso riñe con la legalidad, por lo que solicitaron que se ordene continuar con el proceso y se gire orden de captura contra él.

El fiscal del caso, afirmó que para sustentar esa acusación contaba con las declaraciones de dos testigos, uno de ellos era Noé, quien con sus confesiones más de 100 pandilleros en la operación Cuscatlán fueron condenados por un tribunal especializado. Además dijo que cuenta con audios en los que se aprecian las conversaciones y negociaciones que supuestamente tuvo con los líderes de pandillas.

Entre tanto, el abogado defensor Ricardo Arturo Donnis rechazó que Quijano haya pactado con las pandillas, que en una reunión con un grupo de pastores y la participación de líderes de pandillas, Quijano ofreció un plan de combate a la violencia enfocada en una política criminal no basada en la represión sino en la prevención. De ahí que ofreció que de ganar las elecciones en 2014 en segunda vuelta iba a impulsar una serie programas sociales de beneficio a la juventud salvadoreños.