Al menos 527 personas fueron detenidas este jueves 19 de mayo en El Salvador, que ya superó los más de 32,000 detenidos desde que el Gobierno inició una "guerra" contra las pandillas, cuestionada por la comunidad internacional y organismos de derechos humanos.

La Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada han capturado a 32,529 personas acusadas de pertenecer a pandillas, desde que inició el régimen de excepción en El Salvador, en respuesta a una violenta jornada de homicidios a finales de marzo.

El régimen de excepción fue decretado por la Asamblea Legislativa, a petición del Gobierno, después de tres días de asesinatos en todo el territorio nacional, que cerraron con la muerte de al menos 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo de 2022.

Aunque el régimen duraba 30 días, los diputados decidieron extender las medidas por un mes más, suspendiendo nuevamente las libertades civiles aunque, desde el 28 de marzo, se controló la ola de violencia.

Mientras continúan las detenciones arbitrarias masivas y operativos policiales, decenas de personas están esperando la liberación sus familiares detenidos afuera de los centros penales y, ante esta crisis humanitaria, han surgido cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y de la comunidad internacional.

La alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, incluyó a El Salvador, junto a Venezuela, Nicaragua y Haití, en una lista de países que le inquietan por su déficit democrático o tendencias autoritarias.

Esto, debido "al estado de emergencia que conllevó a que más de 30,000 personas siendo arrestadas y las enmiendas subsecuentes de los procedimientos penales".

Entiendo que la seguridad y cómo se maneja la delincuencia es algo sumamente desafiante y reconozco los desafíos que se tienen con las pandillas en El Salvador, (pero) el Estado debe asegurar la seguridad y la justicia cumpliendo las leyes internacionales de derechos humanos".

Michelle Bachelet
Alta comisionada de DD.HH. de la ONU


Cinco organizaciones de la sociedad civil han documentado más de 308 vulneraciones de derechos humanos, especialmente capturas arbitrarias y malos tratos por parte de agentes de seguridad. Denuncian, además, que hay muertes de reos en el sistema carcelario de Centros Penales, donde además se viven torturas.