Grupos de familias de detenidos bajo el régimen de excepción que caminaron desde el Bajo Lempa, en Usulután, hacia Casa Presidencial, en San Salvador, exigieron este martes que permitan la visita a sus familiares privados de libertad, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Los familiares denunciaron que no han podido ver a sus parientes detenidos bajo el régimen de excepción, instalado desde marzo de 2022 y que desde entonces desconocen su estado de salud.
“Desde el lunes 9 de diciembre hemos venido caminando por nuestros inocentes a quienes no hemos podido ver, ni saber en qué condiciones están desde la implementación de las medidas extraordinarias del 27 de marzo de 2022, afectando nuestros familiares privados de libertad, sus hijos e hijas y su núcleo familiar”, expresaron.
Las personas aseguraron que el director general de Centros Penales, Osiris Luna con el resto de directores de los diferentes penales han incumplido con resoluciones judiciales y han adoptado “prácticas arbitrarias que aumentan nuestro sufrimiento”.
Los participantes marcharon desde el lunes desde el oriente del país, con el propósito de visibilizar la situación de cientos de personas que están detenidas de manera arbitraria por la lucha de la defensa de sus derechos humanos.
En la concentración de familiares en el Monumento del Cristo de la Paz, acudió la exdiputada Lourdes Palacios, quien denunció que los exconcejales de Zacatecoluca tienen un año de haber recibido medidas alternas a la detención y Centros Penales no los ha liberado.
La caminata denominada “Por una Navidad sin presos ni presas inocentes, víctimas del régimen de excepción y la persecución política”, inició su recorrido desde el Monumento Cristo de La Paz, en San Marcos, y tuvo como destino final la Casa Presidencial (CAPRES), donde al final una comitiva fue recibida.
En ella, también demandaron la libertad inmediata de los detenidos que permanecen encarcelados sin justificación.
Organizaciones de derechos humanos, han señalado en reiteradas ocasiones que al Estado salvadoreño como responsable de tortura al interior de los penales, esto mismo ha sido señalado en informes internacionales como el de Amnistía Internacional.
