Las primeras declaraciones ocurrieron el martes a puerta cerrada, tras la suspensión de la diligencia un día antes, a petición de la defensa del general Guillermo García, quien pidió estar presente en la diligencia; sin embargo, la jueza negó la solicitud y pidió a la Procuraduría General de la República que se le nombre un defensor público.
“Una testigo de la masacre del caserío El Mozote y dos testigos en el caso de la masacre en el cantón Cerro Pando rindieron sus declaraciones y se sometieron al interrogatorio, tanto del tribunal como de las partes. Las tres personas perdieron familiares directos durante la masacre del Batallón Atlacatl, sus testimonios han sido claros, contundentes, reafirmando la masacre”, explicó el acusador particular, David Morales.
Añadió que tres de cinco testigos que estaban citados para declarar, reafirmaron la participación de la Fuerza Armada en los hechos, así como los graves daños que sufrieron las víctimas, no solo por el asesinato sino por la destrucción de los bienes y la pérdida del proyecto de vida.
“Los interrogatorios de las partes consolidaron plenamente el relato de hechos y con estas audiencias se estaría fortaleciendo la prueba testimonial del caso”, dijo Morales.
Código antiguo.
Recordó que la jueza retomó el caso bajo la aplicación del Código Penal de 1973, sin embargo, calificó la administración de la audiencia como “satisfactoria” y “respetuosa del debido proceso”.“La señora jueza sí permitió el espacio suficiente para que los testigos pudieran rendir su declaración y realizó preguntas pertinentes y también administró la audiencia adecuadamente, en el sentido que las partes debieron respetar las técnicas y reglas establecidas en la ley para el interrogatorio, y la víctimas recibieron un trato adecuado”, afirmó Morales.
Aunque explicó que el citatorio a los testigos es de forma simultánea, y provoca que esperen mucho tiempo hasta lograr rendir sus declaraciones.
Con la aplicación del Código de 1973, todas las diligencias se realizan de forma escrita, declaraciones de testigos y de peritos por medio de la jueza, no oral ni directa, así mismo, la sentencia será tomada por una jurado y no por la jueza.
Las declaraciones de unos 17 testigos estaban programadas para terminar el 4 de noviembre, sin embargo, el juzgado deberá reprogramar la declaración de cinco testigos debido a la suspensión de la diligencia del pasado lunes 31 de octubre.
Las diligencias se hacen a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, por órdenes de la jueza, quien considera sería una “revictimización”.
El juzgado dijo que se preguntó a las víctimas si deseaban que la prensa estuviera presente y estas respondieron que no; sin embargo, los acusadores particulares afirmaron que estas consultas del juzgado fueron hechas cuando ellos no estaban en frente.
“Justicia queremos”.
Ante el cambio de normativa y la “dilatación” de la diligencia, los familiares de las víctimas de la masacre de El Mozote dijeron que son buscan justicia, tras casi 41 años del hecho.“Como familiares no pedimos edificios, nosotros justicia queremos...nosotros venimos a casi 41 años de este proceso... y la dilatación que ha tenido ha sido bien notoria y ha sido con todos lo Gobierno que han estado en turno, no solo ha sido el actual, que han querido proteger a estos militares y nos preocupa que ellos están falleciendo y también nuestros familiares”, dijo Leonel Claros de de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (Apdhem).
Entre el 11 al 13 de diciembre de 1981, unas 978 personas, entre ellas, unas 553 niños fueron asesinadas por miembros del Batallón Atlácatl la Fuerza Armada de El Salvador en el plan Yunque y Martillo, en las comunidades de Arambala, La Joya, El Mozote, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y Cerro Ortiz.