De acuerdo con el apoderado legal de Prepacol, Óscar Canjura, el actual director de Centros Penales no ha querido saldar una deuda de más $350,000 por servicios de telefonía que se daba a la población privada de libertad en los penales entre mayo y julio de 2019.
“Este día se realizó la audiencia preparatoria del proceso judicial que se está promoviendo en contra de la Dirección General de Centros Penales, particularmente, contra el director Osiris Luna por parte de la empresa Prepacol S.A de C.V.”.
Óscar Canjura
Abogado
El abogado manifestó que Centros Penales siempre pagó de forma oportuna el servicio de telefonía especializado que regulaba las llamadas que se realizaban desde el interior de los centros penales hacia afuera, pero luego de la dirección de Luna Meza, se negaron a pagar; “no obstante había documentos en garantía como quedan y facturas comerciales que amparaban la obligación de pago”.
A raíz de ese incumplimiento, Prepacol se retiró de los penales a partir de julio de 2019, pero hasta el momento no se le ha permitido sacar los equipos informáticos con el que se ofrecía el enlace de llamadas.
Aunque el servicio que supuestamente se adeuda se brindó en el periodo de la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén, Canjura explica que los contratos de servicios no son con personas sino con el Estado. “El Estado es uno, lo que pueden cambiar son las direcciones políticas bajo las administraciones, pero al final son servicios que se le ha dado y la institución debe responder por eso”.
Este día se realizó la audiencia, pero en vista de que la prueba es documental consistente en quedan o facturas que amparan la obligación, la Cámara resolverá en no más de 15 días la sentencia pertinente.
Luna no ha brindado una justificación de la negativa del pago “solo dice que es una obligación que él no adquirió”, pero al no ser a título personal sino institucional; debe responder por los servicios consumidos al igual que sucede con la energía eléctrica, la telefonía celular y no simplemente basta decir "estamos en nueva administración y no pagamos los servicios prestados", explicó el abogado.
El abogado Canjura afirmó que debido a la situación presentada, Prepacol cerró operaciones por quiebra, porque no les respondió los pagos en debida forma, mientras que tuvo que pagar al fisco las facturas comerciantes y al momento Centros Penales no respondió.
Se intentó conocer la postura del director Osiris Luna a través de su servicio de mensajería pero no se obtuvo respuesta, al igual que la Fiscalía General de la República.
En 2019, después del primer incremento de homicidios, el Gobierno ordenó un estado de emergencia en los Centros Penales, luego de eso el mismo director Osiris Luna escribió un tuit donde señalaba que habían cabinas telefónicas al interior de los centros penales y que se les había retirado "el privilegio a los reos".
Cabinas telefónicas en penales