"La verdad es un derecho del pueblo de saber quiénes fueron los que cometieron estos atroces crímenes (de los sacerdotes y las mujeres) y por qué los cometieron para que no se vuelvan a repetir", declaró el rector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), el sacerdote Andreu Oliva.
Con velas o flores en sus manos y con pancartas con los rostros de los sacerdotes asesinados, la procesión recorrió las calles del campus de la UCA, en el suroeste de San Salvador.
"Los sacerdotes asesinados fueron personas buenas que lucharon por los pobres, por eso los recordamos y pedimos justicia", comentó Domitila Cruz, de 67 años, que llegó desde la comunidad rural del Bajo Lempa, unos 85 km al sureste de San Salvador.
El Frente Universitario Roque Dalton (FURD) demandó en un comunicado "sacar a luz todas las atrocidades cometidas por el ejército en las dictaduras militares y lo que continuó la derecha neoliberal hasta la actualidad".
En la calle principal del campus, alumnos de la UCA elaboraron coloridas alfombras con imágenes de los mártires.
En una gran alfombra estamparon el lema del 33º aniversario del crimen: "Porque la lucha es justa, la esperanza no desfallece".
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl cometieron el múltiple crimen en el campus de la UCA.
Las víctimas fueron el hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, además de los salvadoreños Joaquín López, Elba Ramos y su hija Celina.
En septiembre de 1991, un tribunal juzgó a nueve militares que figuraban como autores materiales sin tomar en cuenta a los autores intelectuales, según organismos humanitarios.
En ese juicio, solo el coronel Guillermo Alfredo Benavides fue declarado culpable de todos los asesinatos, y el teniente Yusshy René Mendoza fue responsabilizado de la muerte de la menor Celina.
Ambos oficiales recobraron su libertad con una ley de amnistía de 1993, pero Benavides fue encarcelado nuevamente para completar su sentencia de 30 años, tras declararse prescrita la amnistía en 2016.
El 16 de enero de 1992 con la firma de acuerdos de paz gobierno-guerrilla izquierdista, finalizó la guerra civil que dejó más de 75.000 muertos, 7.000 desaparecidos y pérdidas millonarias a la economía.