Según la denuncia presentada, el director de dicho centro penitenciario no permite el ingreso de peritos del Instituto de Medicina Legal (IML) para realizar las respectivas atenciones médicas, pese a que muchos requieren chequeos por condiciones de salud críticas.
Uno de ellos, Carlos Ayala, un joven que fue capturado en los primeros meses de haber sido aprobado el régimen de excepción en marzo de 2022, y desde entonces familiares desconocen su estado actual de salud, pese a que padecía de varias enfermedades, según indicaron familiares.
“El Tribunal contra el Crimen Organizado de Santa Ana envió dos oficios para que dejaran entrar a Medicina Legal e inmediatamente este señor (René Antonio Reyes) se opone. Interponemos un habeas corpus correctivo y no lo toma, por lo tanto, hay una condena en contra del director de centros penales de Izalco que sí ha violentado el derecho a la salud del interno”, manifestó la representante de Justicia Social y Contraloría, Roxana Cardona.
La vocera de Justicia Social dijo que cuentan con un informe médico del Centro Penal de Izalco que señala que el detenido presenta lesiones en los muslos y en genitales, además de problemas de gastritis ante la falta de alimentos y bebida.
“El director del Centro Penal de Izalco deja que la gente se muera porque cuando están enfermos, los jueces ordenan revisiones médicas y no dejan ingresar a los peritos al centro penal de Izalco, ¿por qué? porque están desaparecidos, porque los han matado, porque están gravemente enfermos, pero no quieren decirle eso al pueblo”, sostuvo la directora de Socorro Jurídico, Ingrid Escobar.
Organizaciones de derechos humanos afirman que existen cantidad de casos de torturas al interior de los centros penitenciarios del país y que los privados de libertad no reciben la debida atención médica.
Denuncian a Osiris Luna
Asimismo, Socorro Jurídico presentó una denuncia en contra del director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, por negar la asistencia médica a los capturados en el régimen.“Tal vez él (Osiris Luna) no los haya cometido (las torturas) pero él no es alguien ajeno, él es el administrador y tiene que estar velando que estas cosas no sucedan”, aseveró Escobar.
El régimen de excepción fue aprobado por primera vez el 27 de marzo del 2022 en la madrugada, luego de un fin de semana se reportaron más de 80 asesinatos, presuntamente ordenados por miembros de la Mara Salvatrucha.
Dicha medida suspende los derechos constitucionales del derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa, y a la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones.