Desde aquella lejana época, tuvimos otros gobernantes que, de alguna manera, se vieron relativamente respetuosos de la legislación constitucional, especialmente con las disposiciones legislativas y las sentencias judiciales. Y es que, desde los postulados de la Revolución Francesa, quedó establecido que el gobierno del Estado reside no solo en el poder Ejecutivo, sino también en los poderes Legislativo y Judicial, basado todo en la obediencia que todo funcionario público, civil o militar, electo por voluntad popular o por acuerdo administrativo, está obligado desde antes de tomar posesión de su cargo, protestar bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes (Art.235 Cn.). Una clara, ineludible e incontrovertible norma constitucional que ningún funcionario puede pasarla por alto, desatenderla, contrariarla, mucho menos, desobedecerla.
Traigo la relación anterior, preocupado por el ambiente oscuro que, a menos de dos años del mandato presidencial del señor Nayib Bukele, ha comenzado a perfilarse en nuestro país, ya de por sí circundado por otros graves problemas de carácter socioeconómico y salubridad, a los cuales hoy se añade una constante réplica violenta e irrespetuosa del actual mandatario a decretos y mandamientos emanados tanto en el Órgano Legislativo, como en el Órgano Judicial, con énfasis remarcado contra sentencias de la honorable Sala de lo Constitucional. Esa confrontación violenta, irrespetuosa, plena de calificativos soeces que seguidores del señor Bukele hacen a diario en la redes sociales, poco a poco, pero con rapidez, están creando una situación de zozobra e incertidumbre, que puede incidir en agravar más la ya deplorable situación socioeconómica del país, misma que comienza a abrir sus fauces de miseria y hambre en los estratos sociales más desprotegidos de nuestra angustiada nación, que, incluso, nos ha despertado después de duras pesadillas en las que aparecemos ya inmersos en un “estado forajido y tiránico”, que no respeta nada ni a nadie. Dios quiera que esas terribles condiciones sólo queden relegadas al campo onírico, o sea, al mundo de los sueños.
De hecho, ya el gobierno del señor Donald Trump, en los Estados Unidos de América (que han sido tradicionalmente nuestros mejores amigos y excelentes socios comerciales), nos ha incluido en una ominosa lista de 22 naciones donde advierte a sus conciudadanos a no viajar sin debidas medidas de protección, por estar calificado El Salvador como una zona de inseguridad delincuencial, y, lo peor, como uno de los puentes más amplios para el negocio del narcotráfico internacional. Una calificación que ya creíamos superada. Finalmente, deseamos recordar el Art. 236 Cn. que señala a varios funcionarios públicos, entre ellos el presidente del país y sus ministros, quienes” responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan”. En síntesis, legal y constitucionalmente, nadie queda impune por violar normas del fuero común o por delitos constitucionales. Es una advertencia, no una amenaza. Más vale deslizarse en un grano de arena, que tropezar más tarde con una enorme roca…