Impedir el ingreso de un salvadoreño, sea cual sea su situación sanitaria es inconstitucional. El Artículo 5 de la Constitución de la República dice literalmente: “Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en territorio de la República y salir de éste, salvo las limitaciones que la ley establezca”. Agrega que “Nadie puede ser obligado a cambiar de domicilio o residencia, sino por mandato de autoridad judicial, en los casos especiales y mediante los requisitos que la ley señale. Y añade: “No se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República, ni negársele pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación. Tampoco podrá prohibírsele la salida del territorio sino por resolución o sentencia de autoridad competente dictada con arreglo de las leyes”.
Pues bien, se ha establecido que el próximo 19 se dará la reapertura del aeropuerto internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero, con la novedad, anunciada por el Gobierno a través de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) , que no se permitirá el ingreso de los salvadoreños o extranjeros que no traigan el certificado PCR negativo, prueba que deben hacerse en el país de procedencia. Es decir que todos los salvadoreños que regresen al país de cualquier parte del mundo no podrán salir del aeropuerto sino traen una prueba de que no están contagiados de COVID-19.
Actualmente el país no vive un Estado de Excepción lo cual podría será una justificación que con fundamentadaen una ley secundaria podría sustentar el Gobierno a través del Ministerio de Salud o la Dirección de Migración y Extranjería para avalar esa restricción. Por lo tanto al no haber Estado de Exepción impedir el ingreso de los compatriotas sin prueba negativa de COVID-19 es inconstitucional, más aún porque ha sido decidida por CEPA, cuya labor es la administración de puertos y aeropuertos, más no la salud ni el ingreso y salida de los salvadoreños del territorio nacional.
El Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Salud está en la obligación de garantizar la salud de los salvadoreños en territorio nacional, por lo tanto ante el ingreso de un extranjero o un compatriota sin el certificado de COVID-19 negativo debe adoptar el respectivo protocolo. Se debe establecer en el aeropuerto estrictos controles sanitarios y a todos los que arriben al país, sino traen el certificado, hacerles las prueba y someterlos a un período de cuarentena establecido según las normas sanitarias mundiales. Recordemos que durante la cuarentena fue en los centros de contención o albergues donde muchos permanecieron más de 50 días, donde hubo grandes cantidades de contagio, pues no se siguieron protocolos. Se les debe dar asistencia y vigilancia sanitaria, pero nunca prohibírseles el ingreso. SI traen el certificado, pues mejor, pues se evitan esos 14 días de cuarentena domiciliar o supervisión sanitaria.
Es irónico como se les exigirá el certificado de COVID-19 negativo a quienes vienen a trabajar, a ver a sus familias, a invertir, o a cualquier fin lícito, pero no se le exige ese mismo documento a quien regresa deportado de los Estados Unidos. El Ministerio de Salud debe tomar el control sin violentar la Constitución. Ellos deben garantizar que quien ingrese al país no sea foco de contagio. El Estado no puede impedir que ingresen los salvadoreños independientemente de su salud. Si un compatriota padece una enfermedad mortal y contagiosa y su último deseo es venir a morir a El Salvador, no hay ley que lo impida.
El gobierno debe recapacitar y adoptar protocolos sanitarios legales, antes que la Sala de lo Constitucional se llene de recursos de Habeas Corpus por violaciones a los derechos humanos y a las garantías constitucionales.Recientemente un alto funcionario dijo que el presidente Nayib Bukele iba a vetar el decreto que permitió el desembolso de los fondos de contrapartida para el FOMILENIO II por inconstitucional, pues los diputados se aprovecharon para, con fines electorales, aprobar otros fondos no solicitados; sin embargo el mandatario recapacitó y sancionó el decreto. Recapacitar no siempre es malo ni sinónimo de debilidad.